Por Eliécer Cárdenas
 |
Entre las "bajas" de la convocatoria, resultó
seriamente lesionada la Corte Constitucional, puesto que justamente en los días en que sus vocales debían resolver la constitucionalidad de las preguntas enviadas por el Jefe de Estado, estalló fríamente calculado el escándalo de los famosos cheques de Cervecería Nacional a favor de un hermano del secretario de la Corte Constitucional |
| La consulta popular solicitada y obtenida por el Presidente de la República tuvo el efecto de una carambola de billar sobre algunas instituciones, e inclusive en las propias filas del Gobierno que por esta razón, o pretexto quizá, motivó la salida de personajes como María Paula Romo y otros miembros de la denominada "Ruptura de los Veinte y Cinco". Pero en donde más estragos ocasionó la convocatoria a consulta fue en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Político, donde "de facto" se suspendió el proceso destinado a la conformación del nuevo Consejo de la Judicatura, suerte de árbitro supremo de la Justicia, debido al confeso propósito presidencial de "meter las manos en la Justicia" para reformarla, tarea prevista constitucionalmente al Consejo de Participación Ciudadana. Incómoda posición la de los miembros de este Consejo, que tuvieron, bien que mal, que resignarse a que su proceso se viera interrumpido porque no podían, según la lógica gubernamental, propiciar la conformación del nuevo Consejo de la Judicatura cuando precisamente una de las preguntas claves a ser respondidas por el pueblo soberano es la de que en una comisión multipoderes del Estado sea la encargada de esa operación de alta cirugía política. Entre las "bajas" o "daños colaterales" de la convocatoria, también resultó seriamente lesionada la Corte Constitucional, puesto que justamente en los días en que sus vocales debían resolver la constitucionalidad de las preguntas enviadas por el Jefe de Estado, estalló fríamente calculado el escándalo de los famosos cheques de Cervecería Nacional a favor |
|
de un hermano del secretario de la Corte Constitucional, algo más de un millón de dólares, que fue objeto de la estrepitosa denuncia del asambleísta opositor Galo Lara, en el sentido de que con esos dineros supuestamente la Cervecería Nacional habría "pagado" una sentencia que evitase el pago de una multimillonaria suma a ex trabajadores del ente cervecero que no recibieron sus utilidades.
En una especie de "fuga hacia delante", la Corte Constitucional dejó sin efecto el controvertido fallo, pero el daño a su prestigio y buen nombre estaba hecho, y pesa sobre tan señero tribunal de la democracia y la constitucionalidad la fea sospecha de un cohecho, dadas las extrañas coincidencias que enlazan al abogado que recibió el pago y su hermano el Secretario de la Corte, asunto por dilucidarse y que seguirá constituyendo un dolor de cabeza para el Presidente y otros miembros de la Corte Constitucional. Así las cosas, inclusive el Consejo Nacional Electoral ha tenido desencuentros entre sus miembros, no por la consulta en sí sino por la fecha para realizarla, ya que mayo tiene dos fechas altamente inoportunas para una consulta en día domingo, pues en esos precisos días de la semana caen el Primero de Mayo, Día Universal del Trabajo, y luego el no menos célebre y festejado Día de la Madre. A última hora, el Consejo optó por convocar la consulta para el sábado 7 de mayo. Como se ve, la consulta dejó heridos y lesionados por doquier en su convocatoria, quedando en incógnita lo que pueda suceder hasta la fecha del nuevo proceso plebiscitario. |