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Una de cal y otra de arena, sería el resultado de los procesos seguidos contra algunos de los policías que participaron en los sucesos del 30 de septiembre del año pasado. En estos juicios como era de esperarse la visión gobiernista y la opositora no escatimaron esfuerzos para presentar, de lado opositor, a los policías en el banquillo de los acusados como una especie de víctimas inocentes cuyo único delito habría sido estar en el lugar y en el momento equivocados en aquella tristemente célebre jornada que a nadie enorgulleció y así causó vergüenza y resquemor entre ecuatorianos.
En cambio, para el Gobierno, el puñado de policías sometidos al veredicto de la justicia fueron, entre otras cosas, unos magnicidas fracasados en el intento, conspiradores, alzados en armas y otros calificativos. Un fenómeno curioso se dio en estos procesos, y es el de la continua presencia de autoridades de alto nivel en las audiencias de juzgamiento, donde se vio hasta al Canciller de la República en misión observadora, intimidadora para la oposición que constantemente acusó al gobierno y sus representantes de presiones y chantajes a los magistrados, a fin de que condenen a los inculpados con la máxima severidad.
En cambio, las familias de los policías acusados tuvieron un nutrido apoyo, comenzando desde los titulares de la llamada “prensa independiente” hasta de los asambleístas opositores con doña Lourdes Tibán a la cabeza, que por lo menos justificó su activismo callejero en las inmediaciones
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de los juzgados porque su hermano policía figura entre los acusados y sentenciados. Lo que es injustificable, para ambos bandos por igual, es que los procesos se hayan transformado en una suerte de mítines políticos y sitios de reunión del gobiernismo o la oposición, algo que de hecho ha causado distorsión en estos procesos que de por sí estaban cargados de prejuicios de índole política tratándose de los sucesos del 30 de septiembre de 2010.
Unos policías que desobedecieron las leyes y la Constitución e inclusive se insubordinaron contra la autoridad legalmente constituida, es un caso que sin duda merece sanción, y precisamente sobre ello hubo un lamentable intento por exculpar de cualquier responsabilidad a los sublevados. Algo inadmisible si quienes dicen que en esa fecha aciaga “no pasó nada” y paralelamente se proclaman defensores del orden democrático y la seguridad interna del país.
Pero por otro lado, intentar desde el oficialismo que unos policías a lo mejor manipulados y errados en su actuación, sean sometidos a décadas de prisión por niveles y grados de participación muy diversa en esos sucesos, es también buscar venganza y no justicia. Así, todos estos procesos dejan un mal sabor de boca en quienes creen que la justicia no puede ser ni un encubrimiento de faltas graves, pero que tampoco puede confundirse con la irritación de quienes detentan el poder y peor aún como una venganza por los malos ratos pasados en aquel deplorable Septiembre 30.
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