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El importante aporte del sector minero al crecimiento económico del país está fuera de toda duda. Sin embargo, hay que tener presente que las industrias extractivas instaladas en diversas regiones del Ecuador afrontan un nivel de conflictividad pese a las acciones y estrategias exitosas que enfatizan su compromiso hacia la protección del medio ambiente, el desarrollo comunitario con acciones múltiples en salud, educación o infraestructura para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones que habitan en las zonas de exploración y explotación mineras.
La presencia de conocidos actores y opositores a las minas de cielo abierto que actúan bajo el amparo de ONGs y organizaciones protectoras de la naturaleza, es otro foco de conflictividad a la hora de concertar con el Gobierno, las comunidades y las empresas mineras.
La Constitución ecuatoriana contiene principios como los de precaución, responsabilidad objetiva, consulta previa y se restringen actividades extractivas en zonas biodiversas. Se establece el derecho al agua, y disposiciones relativas a la ecología urbana y energías alternativas y se llega, incluso, a declarar los derechos de la naturaleza.
No obstante, la propia Constitución establece algunos procedimientos administrativos para explotar recursos no renovables en zonas intangibles o contra la voluntad de comunidades afectadas.
El Gobierno de la Revolución Ciudadana ha sido claro y terminante en señalar que combatirá sin tregua a la minería ilegal y dará paso a la celebración de contratos de explotación con las empresas trasnacionales que operan en el país al considerar una necesidad nacional para superar la crisis fiscal e impulsar el desarrollo nacional. En contraste, las comunidades no confían que el gobierno abordará sus inquietudes y les protegerá de la contaminación y otros riesgos que la industria minera puede causar a sus tierras y fuentes locales de agua y han expresado frustración por la ausencia de mejoras en su calidad de vida.
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En estas circunstancias y para superar los conflictos mineros, el gobierno ecuatoriano, las compañías mineras, las comunidades y la sociedad civil, deberían a través de la creación de una mesa de diálogo aprobar una declaración de principios y estrategias. Así, el gobierno debe transparentar los términos contractuales, la participación definida para el Estado, el pago de obras de compensación, la garantía o valor de las pólizas de seguridad ambiental y permitir una auditoría independiente y debe revertir la criminalización de las protestas sociales en torno a las opciones mineras y reconocer el derecho al consentimiento previo, libre e informado.
Por su parte, las empresas mineras deben divulgar toda la información sobre los costos y beneficios de los proyectos, permitir el acceso para un monitoreo ambiental e informar de las inversiones a favor de las comunidades así como mostrar los recursos tecnológicos con que cuentan a fin de aminorar los daños inevitables a la naturaleza.
Las comunidades deben contar con asesores y expertos independientes en sus procesos de toma de decisiones, ya que muy a menudo son “ interferidos “ por conocidos dirigentes políticos que lo único que saben hacer es lanzar proclamas y discursos acusatorios “hasta las últimas consecuencias“ sin aportar soluciones.
A través de la socialización se debe incentivar habilidades técnicas sobre temas de minería e impacto ambiental y social e incidir positivamente sobre las leyes relacionadas con la minería, educar a la población sobre los costos y beneficios de la actividad extractiva. Es urgente delimitar áreas donde la minería puede ser explotada, y zonas geográficas donde no sea por razones sociales, ambientales o de otro tipo.
Es hora de superar las distintas posiciones de los actores del conflicto, y encontrar el camino que finalmente conduzca hacia una nueva visión, que permita el desarrollo minero sin más enfrentamientos y amenazas.
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