Por Eliécer Cárdenas
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Para la ciudadanía en general, la consulta se entiende como la búsqueda oficial de una nueva ratificación en las urnas, y el intento de controlar, por sobre si sea para bien, el proceso de reorganización de la Justicia, aunque para ello el Presidente y sus asesores jurídico-constitucionales hayan preferido el polémico camino de "circunvalar" procesos previstos en la Constitución.
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| Adicto a la polémica y la controversia como es, el Presidente de la República solicitó la calificación, de parte de la Corte Constitucional, de una nueva consulta popular con diez preguntas que tienen que ver con temas como el reemplazo del nombramiento del Consejo de la Judicatura por una comisión de los poderes del Estado que, en el plazo de dieciocho meses reorganice a la Función Judicial, así como la viabilización por la consulta plebiscitaria de la Ley de Comunicación y su consejo regulador, visto como anatema a las libertades de opinión y expresión por parte de medios privados y algunos organismos internacionales, acusados a su vez por el Gobierno de ser cajas de resonancia de los intereses empresariales de la Prensa. Otras preguntas, más o menos importantes, más o menos inocuas, también son objeto del debate, y el Presidente advierte que la Corte Constitucional debería actuar a favor de su propuesta, en tanto desde la oposición surgen por lo menos dos frentes contrarios a la consulta, uno de ellos liderado por el veterano político, cientista social y ex Presidente de la República Osvaldo Hurtado, tildado por el Mandatario de "cadáver insepulto" y orquestador de los "jurásicos" de la Partidocracia. El otro frente, menos "jurásico y por lo tanto quizá más temible para el Régimen, lo nuclea Alberto Acosta y una élite de "desprendidos" o disidentes del proceso de la Revolución Ciudadana, a su entender desviado de sus |
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originarios contenidos por las inmoderadas ansias de poder del Jefe de Estado.
Por lo tanto, el Gobierno se apresta a luchar en varios frentes para lograr que su consulta con las diez preguntas al fin pase el escollo de la Corte Constitucional, donde habría miembros sumisos y complacientes y otros no tanto. Para la ciudadanía en general, la consulta se entiende como la búsqueda oficial de una nueva ratificación en las urnas, y el intento de controlar, por sobre si sea para bien, el proceso de reorganización de la Justicia, aunque para ello el Presidente y sus asesores jurídico-constitucionales hayan preferido el polémico camino de "circunvalar" procesos previstos en la Constitución de Montecristi, así sea arrinconando al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hechura de pe a pa de esta Administración y hoy por hoy convertido en una especie de molesto estorbo para un "aggiornamento" de la Función de la Justicia de acuerdo a una intrépida concepción de un Poder Ejecutivo apto para "meter las manos", siempre con fines nobles, por supuesto, en otras funciones del Estado, algo jamás previsto en la Constitución de Montecristi a reformarse, justamente para salvar esos polémicos escollos. "Jurásica y no tan "jurásica", la oposición vertebra fuerzas desde sus diversas y hasta contrapuestas vertientes para un desafío a la popularidad del Gobierno. |