Por Eliécer Cárdenas

El juicio entablado por el Presidente de la República en contra de varios directivos y propietarios de diario El Universo, el columnista Emilio Palacio de ese rotativo, quien renunció a sus funciones semanas atrás, y el propio diario guayaquileño, mereció una sentencia mayúscula y evidentemente aleccionadora de parte de un juez temporal, que una vez dictado el fallo, dejó sus funciones y prácticamente se esfumó del panorama y las consecuencias de tan sorprendente  decisión judicial.

Antecedente del juicio por injurias calumniosas que promovió el Jefe de Estado fue un artículo –uno más- del referido columnista, pero que al parecer superó cualquier límite de tolerancia del aludido. En esa columna, Palacio anticipaba que en el futuro, la justicia podía llevar al banquillo de los acusados al “tirano” –léase el Presidente- por los delitos de “ordenar fuego a mansalva sobre un hospital” y causar víctimas en un delito que pudiera configurar un crimen de lesa humanidad. El Presidente solicitó penas para los directivos del Diario, el autor del artículo y una indemnización de nada menos que ochenta millones de dólares por su honra afectada.

El juicio avanzó entre polémicas, alusiones a la libertad de expresión, manipulaciones políticas del caso de parte de cierta oposición, y los consabidos dimes y diretes, pero nadie imaginó que el acucioso juez temporal iba a dictar una veloz sentencia en poquísimas horas, en la que condena a los acusados a la pena máxima por ese delito, tres años de prisión, y cuarenta millones de dólares, es decir la mitad de la exigencia del demandante.

La pregunta elemental surgida luego de la sorpresiva sentencia fue si se complacía con ella al Jefe de Estado o a un ciudadano agraviado en su honra, dada la inextricable ligazón del caso con la figura del Mandatario.

El caso de diario El Universo es el desenlace –quizá esperado por ambas partes- de una polémica que lleva ya más de cuatro años entre algunos medios de comunicación y el Presidente, tira y afloja en el que no han faltado los agravios de parte y parte. Si el Presidente ha usado un lenguaje agresivo y hasta ofensivo en algunos casos, no es menos cierto que los medios le han respondido en términos similares y para ejemplificar  esto basta el artículo de Palacio que motivó el juicio y su sentencia. Esto, qué duda cabe, no hizo bien ni al Presidente, ni a los medios de comunicación que se llaman independientes ni al país. En suma, un duelo negativo por donde se mire.
A ello se suma el debate en torno a la Ley de Comunicación, que busca “apretar” las tuercas a los medios y comunicadores, basándose en ciertos abusos, pero los abusos no se corrigen con prohibiciones que pueden desembocar en eventuales censuras, sino corrigiendo los usos, y el uso de la comunicación social en el tema de la política y el poder ha sido por lo general deplorable en el Ecuador de las últimas décadas. La sensatez debería primar por sobre las pasiones, sea de parte del oficialismo o de la prensa que diciéndose independiente no ha cesado de manifestarse como un grupo opositor, con las consecuencias que de ello se derivan, es decir una indeseable confusión entre el papel de los medios y los roles de una oposición política.