Por Eliécer Cárdenas

 

Eliécer Cárdenas
Siendo en teoría un recurso democrático impecable para retirar de circulación a una mala o nula autoridad, dentro de la vida política ecuatoriana tiende a volverse una herramienta más para la vocinglería y la desestabilización, o el intento de un derrotado en las urnas de vengarse del triunfador apelando a las bajas herramientas del resentimiento y la envidia

La Revocatoria del Mandato es un recurso previsto en la actual Constitución, que tiene por objeto dar la posibilidad de que la ciudadanía de una determinada circunscripción, o de todo el país, en el caso del Jefe del estado, en un plebiscito decida si debe cesar en sus funciones una autoridad electa en comicios. Para el efecto se prevé una serie de mecanismos que, en teoría, evitasen la manipulación de tan trascendental alternativa democrática, pero en la práctica resulta de momento muy difícil discernir sus alcances y efectos dentro de la incipiente, y a veces casi caricaturesca, democracia ecuatoriana.

Decenas de pedidos de revocatoria del mandato se han suscitado no bien concluyó el año de gestión de los personeros seccionales, y en el caso del Presidente de la República, no ha faltado la figura de un debutante en la política que pretende recoger los dos millones y medio de firmas requeridas para poner en marcha el proceso de revocatoria del mandato.

Convengamos que éste es un saludable recurso de la democracia para evitar que el descontento genere agitación y, en el caso del Presidente de la República, eventualmente un golpe de estado con mayor o menor apoyo, que termine abruptamente su mandato. Pero el remedio democrático bien puede resultar peor que la enfermedad de un mal gobierno.

¿En realidad el régimen de Correa merece la revocatoria de su mandato, al cumplirse un año de su, digamos, segundo o primero y medio período? Evidentemente sus opositores a ultranza dirían que sí, tal como, por ejemplo, los adversarios de Obama en los Estados Unidos de América sobre aquel mandatario. Pero no hay
Pero no hay razones objetivas ni subjetivas para que tal revocatoria de su mandato prospere. De otra parte, resulta contradictorio que el aspirante a figurar en política que pide la revocatoria del mandato y califica de "tiranía" al gobierno de Correa, se sirva de la Constitución aprobada en el supuestamente totalitario régimen, a través de la revocatoria del mandato, para pedir su destitución.
De otra parte, donde mayores riesgos entraña la revocatoria del mandato, o más propiamente su pedido, es en los municipios, y ni se diga en las diminutas juntas parroquiales, donde el descontento y el lógico desgaste inherente a toda administración, está generando una verdadera erupción de solicitudes para la revocatoria del mandato de sus personeros, dentro de las cuales en algunos casos habrá razones de sobra por incapacidad del designatario, o visos de mal   manejo de recursos, pero que en otros no son sino fruto del resentimiento y el revanchismo a los que tan proclives son las "patrias chicas". Por lo tanto, la revocatoria del mandato, siendo en teoría un recurso democrático impecable para retirar de circulación a una mala o nula autoridad, dentro de la vida política ecuatoriana tiende a volverse una herramienta más para la vocinglería y la desestabilización, o el intento de un derrotado en las urnas de vengarse del triunfador apelando a las bajas herramientas del resentimiento y la envidia.

Hay que esperar, en cualquier caso, la evolución de tantos pedidos de revocatoria del mandato de alcaldes y otras autoridades. En cuanto a la del Presidente de la República se trata de un ardid de alguien que a toda costa pretende el estrellato político, en un universo de figuras políticas bastante exiguas.

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