Por Eliécer Cárdenas

 

Eliécer Cárdenas
La Asamblea - su mayoría más bien- quedó
desairada en lo que se refiere a la Ley de Educación Superior, donde tras los consensos alcanzados con algunos estamentos de la Educación Superior, todo quedó en "agua de borrajas" porque el Presidente resolvió con sus vetos volver las aguas al cauce
previsto por el Ejecutivo, vía Senplades, quedando la mayoría como partícipe de una especie de engañosa
jugarreta

En uso de la facultad que, como colegislador, le confiere la Carta Política, el Presidente de la República ejerció el Veto Parcial sobre el Código de Ordenamiento Territorial, Código de Servicio Público y Ley de Educación Superior, dentro de las cuales introdujo una serie de modificaciones que, a su criterio, debían realizarse con el objeto de mejorar esos cuerpos legales.
Sin embargo, a la oposición y diversos sectores sociales, estos vetos presidenciales se asemejan a un abuso de aquella prerrogativa que como colegislador le corresponde al Presidente de la República, y se habla al respecto de afanes por controlar desde el Ejecutivo todo aspecto de incumbencia pública, sin tomar en cuenta las autonomías como la de las universidades o puntos de vista como los que emanan de los gobiernos seccionales y, finalmente, expectativas como las de los servidores públicos.
Como fuese, lo cierto es que la Asamblea, o su mayoría más bien, quedó desairada en lo que se refiere a la Ley de Educación Superior, donde tras los consensos alcanzados con algunos estamentos de la Educación Superior, todo quedó en "agua de borrajas" porque el Presidente resolvió con sus vetos a la ley volver las aguas al cauce previsto por el Ejecutivo, vía Senplades, quedando la mayoría de la Asamblea como partícipe de una especie de engañosa jugarreta, esto es fingir que se aprueban las iniciativas de los colectivos sociales, como los universitarios, para luego dejar, vía allanarse a los vetos, que el Ejecutivo imponga sus puntos de vista.
Es el resultado del Hiper Presidencialismo que rige al país tras la Constitución
de Montecristi, esto es que el Jefe de
Estado finalmente haga prevalecer su voluntad en materia legislativa, siempre y cuando, como sucede ahora, disponga de una mayoría en la Legislatura, así sea relativa, como lo es, sujeta al capcioso apoyo de ciertas "mini-minorías", por así llamarlas, que juegan a mostrar reservas en determinados aspectos, pero que definitivamente colaboran con el régimen.
Esto ha causado tal grado de irritación entre las filas opositoras, que no han dudado en solicitar de su parte que se establezca la denominada Muerte Cruzada, esto es que el ejecutivo proceda a disolver la Asamblea, para llamar a elecciones. Una petición demasiado burda, en la medida en que el Gobierno se halla muy contento con el accionar de su mayoría legislativa para cometer el desatino que sería €“para él- disolver tan servicial Poder Legislativo.
Pero aunque de momento el Gobierno tenga todas las de ganar en materia legislativa, que le garantice continuar sin tropiezos con la aprobación de los proyectos legales que concibe con el fórceps de la Senplades, la deslegitimación de la Asamblea se acelera, ya que demostró ser un instrumento cuasi pasivo sin mayor margen de decisiones autónomas, que se jugó por entero al manifestar su voluntad de allanarse a la mayor parte de los vetos, cuando de por medio hubo compromisos, como el implícitamente asumido con las Universidades en cuanto a los retoques a la respectiva ley, que se vieron inútiles a la hora en que el Presidente de la Repúblicas las vetó. Con ello, ha dado alas a la constante acusación opositora de que no existe una Función Legislativa verdaderamente independiente del Ejecutivo.

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