Por Eliécer Cárdenas
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¿Por qué el empeño de impedir un juicio que, si el Gobierno actuaba con empeño, pudo terminar en fácil triunfo para el Fiscal Pesántez, ya que de antemano no existían los votos para que fuera censurado el funcionario? Al parecer, se prefirió evitar el juicio y que se cumpla, por varias razones, una de ellas sin duda la voluntad presidencial contraria a dicho proceso político
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El bullado juicio político al Fiscal General Washington Pesántez se frustró gracias a un inesperado empate en la comisión que trataba el caso dentro de la Asamblea, y que dejó al descubierto no solamente las divergencias que sobre el tema existían dentro del bloque oficialista, sino que ciertas argucias más bien propias de la época de la llamada "Partidocracia" se reediten bajo el actual período constitucional. No de otra manera puede interpretarse la extraña abstención de uno de los miembros de la citada comisión, cuando no había por dónde perderse: o se votaba por el juicio a Pesántez o contra él.
La curiosa conducta del asambleísta de la agrupación oficial no puede interpretarse a posteriori sino como que a él le correspondió el desagradable papel de abstenerse, justo a fin de que se produzca el empate. Con el cual quedaban balanceados los criterios en torno al juicio, pero en definitiva se lo impedía. Con este aborto de enjuiciamiento, se contentaba al Presidente de la República, quien por varias ocasiones había advertido acerca de la, para él, inoportunidad y hasta falta de causas válidas para el enjuiciamiento al Fiscal General. ¿Por qué el empeño de impedir y frustrar finalmente un juicio político que, si el Gobierno actuaba con empeño, muy bien pudo terminar en fácil triunfo para el Fiscal Pesántez, ya que de antemano no existían los votos necesarios para que fuera censurado el funcionario? Al parecer, se prefirió evitar el juicio y que se cumpla, por varias razones, una de ellas sin duda la voluntad presidencial contraria a dicho proceso político. Sin embargo ésta no sería la principal razón, sino más bien el riesgo |
de que al calor del juicio político, que prometía ser muy enfocado y ventilado por los medios, salieran a relucir algunas inculpaciones incómodas, tanto para el Fiscal como para sus interpelantes. El Gobierno pudo ver en ello un riesgo para su imanen y por lo tanto se prefirió dar un carpetazo al asunto, aun cuando para ello se haya tenido que llegar a un fantástico empate y un no menos fabuloso "archivamiento de hecho" de la causa. En Derecho Constitucional no puede simplemente archivarse de facto un proceso. Algo por explicarse satisfactoriamente de parte de la Asamblea. Las secuelas del frustrado enjuiciamiento político a Pesántez son varias. En primer término el resquemor que permanece latente entre los fracasados interpelantes de PAIS hacia sus compañeros asambleístas que no los secundaron y sobre todo al aparato político directivo de la agrupación que determinó que su tesis fuera derrotada. De otra parte, la oposición explota la no realización del juicio al Fiscal como una supuesta prueba fehaciente de que no existe ni habrá fiscalización posible bajo este Gobierno a las figuras del Régimen, algo que además ofrece visos de verosimilitud por los recaudos y blindajes dispuestos para un proceso de enjuiciamiento político que vuelve tan difícil a esta clase de juicios como escalar al Everest sin calzado. Así las cosas, el fracasado juicio político al Fiscal abre un período de reacomodamiento de las fuerzas al interior del movimiento oficial, algunas de las cuales, al decir del Presidente de la República, se empeñarían en mantener "agendas propias" sin compartir con la única ya trazada por el Jefe del Estado.
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