Es una peste que no se deja erradicar. Sus tentáculos sobreviven evadiendo todos los mecanismos de control y la Secretaría de Transparencia anuncia acciones para combatirla en las entidades del Ejecutivo que manejan presupuestos del Estado

Felipe Abril, Director Regional de la Secretaría Nacional de Transparencia.

La función judicial, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría Nacional de Transparencia, los organismos de derechos humanos y hasta los confesionarios son algunas instancias para afrontar los conflictos provocados por la maledicencia en el ejercicio de las actividades públicas y privadas. La epidemia es global, pero el Ecuador ocupa sitiales "privilegiados" de deshonor en el concierto internacional.
Cuenca y Azuay, que supuestamente gozan de buena   fama por la honestidad en la administración de justicia y el respeto de los ciudadanos a las leyes, no es la excepción: fenómeno tan grave como la delincuencia es la corrupción, epidemia de la que pocas personas e instituciones pueden estar libres.
El 5 de mayo pasado asumió Felipe Abril la Secretaría de Transparencia, regional del Austro, anunciando una lucha tenaz para combatirla. Los dos meses transcurridos han sido tiempo para enterarse de la situación en Azuay, Cañar, Loja, Morona y Zamora, a partir de lo cual anuncia que intensificará su gestión.
Las competencias de la Secretaría Nacional de Transparencia van por la revisión de las instituciones del gobierno central y las entidades adscritas, así como de las entidades autónomas que administran recursos del presupuesto del Estado. Decenas de personas acuden cada día a la oficina instalada en el edificio del antiguo Centro de Reconversión Económica (CREA), al sur de Cuenca, para presentar denuncias. También pueden hacerlo en la web www.secretariatransparencia.gov.ec o al teléfono 1800yabasta.
La jurisdicción de la entidad es exclusiva para el sector público del Ejecutivo, apenas una parte del ámbito generalizado del fenómeno de la corrupción, pero aporta a tener referentes válidos para impulsar correctivos que pueden tener efectos en otros sectores.
Abril es cauto en dar detalles sobre las actividades en marcha y prefiere esperar resultados de las investigaciones para hacerlo, con documentación y sustento. No obstante, anticipa que entidades de los ministerios de Educación y Salud llevan la delantera por la cantidad de denuncias en su contra.
En Educación, abundan las denuncias contra los profesores por acoso o maltrato a las alumnas y alumnos, injusticia y   retaliaciones en las calificaciones, así como irregularidades en los concursos para llenar puestos vacantes o asignar lugares de trabajo. En Morona se dio el caso de un colegio que entregó título de bachiller a un conserje que nunca se matriculó en primer curso.
En Salud, los reclamos son por la mala atención del personal médico, de enfermería o de servicios. "Nosotros recibimos todas las denuncias y las investigamos: el trabajo no es simple, pues son frecuentes casos en los que se falsea la verdad o se actúa para desprestigiar a un maestro exigente que cumple el deber o a un funcionario que no acepta presiones de alguna naturaleza", dice el titular de la oficina.
En salud, es grave la situación de centros de rehabilitación de alcohólicos o drogadictos   que funcionan en Cuenca y en los cuales hay maltrato a los internos, casos en los que los pacientes son tratados como prisioneros en ambientes insalubres y de hacinamiento. Las denuncias han ido a la Dirección General de Salud, la entidad legalmente capacitada para intervenir, pero mantiene la situación pendiente.
En el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Cuenca dos funcionarios son acusados por retener las boletas de excarcelación de presos, para exigir erogaciones económicas.
En un centro de desarrollo infantil de Cuenca, dependencia del Instituto del Niño y la Familia (INNFA), se tramita la denuncia contra personal directivo que desviaba los productos destinados a alimentación a su propio beneficio, mientras se daba comidas de pésima calidad a los infantes.
En el Instituto de Desarrollo Agrícola (INDA) se ha llegado a determinar responsabilidades concluyentes contra funcionarios por falsificación de firmas para adjudicar terrenos. Hasta se había llegado a adjudicar predios que tenían dueños legítimos: tres funcionarios han sido destituidos y el caso pasó a trámite judicial para imponer las sanciones legales que correspondan.
El programa de retorno a casa para incentivar el regreso de los emigrantes, con menaje, vehículos, maquinaria o equipos de trabajo, ha originado una forma de corrupción que está en la mira de investigaciones. Hay gente que ha aprovechado las exoneraciones y facilidades para hacer negocio con los bienes traídos del exterior, que no pueden ser enajenados, a menos que cumplieran con las obligaciones aduaneras.
En la Federación Deportiva del Azuay se investiga el caso sospechoso de una persona a la que se le certificó como miembro de una delegación deportiva, para que obtuviera su visa de salida del país. También en relación con el ámbito deportivo, la Fiscalía tramita el caso del Centro de Alto Rendimiento, donde hay obras contratadas por el Ministerio del Deporte bajo sospechas de dolo.
Son casos a los que se refiere, en forma general, el Secretario Regional de Transparencia, sobre los cuales asegura que hará conocer resultados al fin de las investigaciones. Pero también anuncia que, aparte de la investigación, la entidad a su cargo prepara programas de prevención, empezando por un taller sobre ética pública y de gobierno, a cargo de Marcelo Vázcones Carrasco, experto de reconocido prestigio en la materia.