Por Rolando Tello Espinosa
La explotación ilícita y antitécnica de áridos generó fortunas millonarias a costa de poner en riesgo la estabilidad geológica de una zona crítica del Azuay
Pasados 17 años de la catástrofe de La Josefina, los cerros fisurados del entorno -Tamuga, Tubón, Shishío y Mishquiyacu- han vuelto a ser noticia de riesgo inminente y de la declaratoria de zona de excepción por decreto presidencial para impedir la explotación de materiales y ejecutar obras emergentes de estabilización.
Aquel episodio del 29 de marzo de 1993, cuando el Tamuga se desplazó hacia el río Cuenca interponiéndose al cauce con un muro de cien metros de alto para formar un lago de más de 200 millones de metros cúbicos de agua, ha vuelto a cobrar actualidad frente al peligro de que tarde o temprano pudiera ocurrir algo peor.
Aquel episodio del 29 de marzo de 1993, cuando el Tamuga se desplazó hacia el río Cuenca interponiéndose al cauce con un muro de cien metros de alto para formar un lago de más de 200 millones de metros cúbicos de agua, ha vuelto a cobrar actualidad frente al peligro de que tarde o temprano pudiera ocurrir algo peor.
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| Zona de La Josefina: izquierda, talud del cerro Tamuga con desprendimientos de material sobre la calzada poco antes del gran derrumbe de 1993. Derecha, cómo quedó el sitio luego del fenómeno, con las obras de estabilización ejecutadas. Se aprecia un monumento de piedras con una placa de las instituciones que participaron en la estabilización del cerro. | |
El desfogue violento del embalse causó destrucción de carreteras, puentes, cultivos, viviendas y obras públicas aguas abajo del dique, con pérdidas económicas cuantiosas, cambiando la geografía de una extensa zona y causando tramas sicológicos en miles de damnificados.
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| Secuencia fotográfica de la vertiginosa destrucción del cerro Tamuga, con fotografías correspondientes a 1940, 1975 y el año 2000, desde un mismo ángulo. |
En los años posteriores al episodio, una decena de empresas explotadoras de arena y piedras han provocado la erosión del lecho del río, cuyo nivel ha descendido peligrosamente, agravando el peligro de inestabilidad de los cerros, de las carreteras y obras públicas.
El Consejo de Gestión de Aguas retiró en 2007 el aval para que las mineras continuasen extrayendo el material, pues contaban con permisos de las municipalidades de Paute, Gualaceo y Cuenca, pero la posición del organismo no fue respaldada por las instituciones llamadas a suspender las autorizaciones. La extracción de materiales áridos significó una mina de explotación económica, dado el volumen de millones de metros cúbicos entregados a la industria de la construcción y a la obra pública de Cuenca y poblaciones del austro.
Patricio Vélez, técnico del Consejo de Gestión de Aguas, dice que las batimetrías y estudios en marcha permitirán estimar la cantidad de materiales extraídos, así como cuantificarlos en valores económicos, pues por el momento se sabe que esta actividad habría generado grandes fortunas, pero no hay cifras para cuantificar con precisiones.
De no haberse impedido €“inclusive con la intervención de las fuerzas armadas- la continuación de la explotación de materiales, corrían peligro de quedar inutilizadas las obras de protección ejecutadas con inversiones que pasan de los 20 millones de dólares, por parte del Consejo de Gestión de Aguas y el organismo que le antecedió, en los últimos 17 años.
El decreto presidencial Nro. 389, de 17 de junio pasado, se basa en las investigaciones e informes presentados por el Consejo, así como la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, para declarar la zona en estado de excepción, encargando del cumplimiento de las medidas cautelares a los ministerios de Ambiente, Recursos Naturales, Coordinador de Seguridad y de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Las gráficas que ilustran estas páginas muestran la evolución del cerro Tamuga, desde 1940, cuando se presentaba aún íntegro, hasta inicios del siglo XXI, luego del fenómeno catastrófico que causó pérdidas humanas, materiales y económicas, aún no cuantificadas con precisiones.