Siempre se ha pregonado acerca de la igualdad de todos los ecuatorianos ante la Ley. Las más altas autoridades de las funciones del Estado han sido quienes más han sido voceros de esa verdad, aspiración o reclamo, pero ahora más que nunca se ha repetido la frase con insistencia revolucionaria.
Un accidente de tránsito en el que perdió la vida una persona el mes pasado, en Quito, habría sido un accidente más, como los tantos que a diario acontecen en el país y en el mundo, si de por medio no estuviera involucrada nada menos que la esposa del Ministro Fiscal de la Nación. Se empieza por dudar si era ella quien manejaba la máquina o el policía que la acompañaba. Los involucrados y los testigos se contradicen y hay un proceso legal en marcha.
¿Cómo se puede entender que funcionarios y fiscales del país se hubiesen pronunciado con comunicado público expresando el apoyo al Ministro Fiscal, su jefe? El espíritu de cuerpo donde menos debe asomar es en los organismos que cumplen funciones de control, independencia e imparcialidad. Parcializarse de tal modo linda en un delito y amerita sanciones.
El caso, que pone en entredicho la honestidad de los funcionarios judiciales vigilantes de los debidos procesos, saca a luz pública la duda, el temor y la sospecha de cuánto puede ocurrir frente a casos de ciudadanos comunes y corrientes involucrados en situaciones accidentales similares.
Por consecuencia de tal proceder, el Ministro Fiscal ha sufrido menoscabo y ha perdido credibilidad y autoridad. Dadas sus altas responsabilidades, la situación se ha politizado y deja entrever asomos de corrupción: la justicia no sería para todos. Aunque no convendría que dejara el cargo €“como tanto interesa a ciertos acusadores-, lo menos que ha de esperarse es que lo encargara mientras se tramita el proceso motivado en un accidente convertido en escándalo. Y que lo hagan igual los fiscales y funcionarios firmantes de aquel apoyo, pues a alguien de ellos corresponderá tramitarlo y requerirá su pronunciamiento. La justicia no puede seguir siendo desigual ni solo para los de poncho.
Un accidente de tránsito en el que perdió la vida una persona el mes pasado, en Quito, habría sido un accidente más, como los tantos que a diario acontecen en el país y en el mundo, si de por medio no estuviera involucrada nada menos que la esposa del Ministro Fiscal de la Nación. Se empieza por dudar si era ella quien manejaba la máquina o el policía que la acompañaba. Los involucrados y los testigos se contradicen y hay un proceso legal en marcha.
¿Cómo se puede entender que funcionarios y fiscales del país se hubiesen pronunciado con comunicado público expresando el apoyo al Ministro Fiscal, su jefe? El espíritu de cuerpo donde menos debe asomar es en los organismos que cumplen funciones de control, independencia e imparcialidad. Parcializarse de tal modo linda en un delito y amerita sanciones.
El caso, que pone en entredicho la honestidad de los funcionarios judiciales vigilantes de los debidos procesos, saca a luz pública la duda, el temor y la sospecha de cuánto puede ocurrir frente a casos de ciudadanos comunes y corrientes involucrados en situaciones accidentales similares.
Por consecuencia de tal proceder, el Ministro Fiscal ha sufrido menoscabo y ha perdido credibilidad y autoridad. Dadas sus altas responsabilidades, la situación se ha politizado y deja entrever asomos de corrupción: la justicia no sería para todos. Aunque no convendría que dejara el cargo €“como tanto interesa a ciertos acusadores-, lo menos que ha de esperarse es que lo encargara mientras se tramita el proceso motivado en un accidente convertido en escándalo. Y que lo hagan igual los fiscales y funcionarios firmantes de aquel apoyo, pues a alguien de ellos corresponderá tramitarlo y requerirá su pronunciamiento. La justicia no puede seguir siendo desigual ni solo para los de poncho.