Angel Pacífico Guerra
Hasta en las filas del Movimiento País hay resquebrajaduras y asambleístas de su bloque ponen distancias frente a ciertas actuaciones del Ejecutivo
En 40 meses de gestión el gobierno de la Revolución Ciudadana, presidido por Rafael Correa Delgado empieza a mostrar evidentes muestras de deterioro: el desgaste de las confrontaciones en los más variados frentes gana terreno por sobre los resultados €“que sí los hay- en importantes aspectos de la vida nacional.
La vialidad, obra social, de salud, defensa de la soberanía nacional, la recuperación de la Base de Manta, la democratización de los recursos públicos entre los organismos seccionales, son ejemplos de gestión positiva, en cumplimiento del mandato entregado al gobierno a través de diversos procesos electorales.
Pero los niveles de confrontación están llegando a límites peligrosos que son fácil de advertirlos por quienes están al margen de los núcleos de poder y de la oposición, con una visión sin sesgo sobre la real situación del país. Un síntoma a tomar en cuenta es la ruptura de la unidad en propios sectores afines al gobierno €“inclusive de la Asamblea Nacional- lo que puede arrastrar a situaciones que de preocupantes se transformarían en alarmantes. ¿Adónde irá al fin el país?
Por el momento dos conflictos cargados de peso político €“que no deberían tenerlo- son bombas de tiempo en creciente calentamiento: el juicio al Fiscal Washington Pesántez y la condena a un periodista por sentencia judicial que, aunque está siendo apelada y aparentemente es caso ajeno a la intervención gubernamental, son episodios de los que no está al margen el Ejecutivo.
El Fiscal tiene acusaciones €“de propios y extraños al Movimiento País del Presidente Correa- por una serie de abusos de poder, negociación de bienes institucionales bajo sospecha y beneficios burocráticos a partidarios del gobierno, familiares del Fiscal y hasta movilización de funcionarios de la Fiscalía a otros sitios de trabajo contraviniendo normas constitucionales en vigencia.
El Presidente de la República se ha pronunciado abiertamente en respaldo a la autoridad fiscal, atizando el fuego que inclusive arde entre asambleístas de su tienda política que promueven enjuiciar al funcionario. ¿Y qué de la independencia de poderes? ¿No es por fin obligación de la Asamblea fiscalizar, aunque fuese al fiscalizador?
El caso del periodista Emilio Palacio, sentenciado a prisión y multa por injurias al Presidente de la Corporación Financiera Nacional, es tema discutible que amerita análisis sin pasión: al acusar de "matón" e insinuar peculado en contra del ofendido, a través de un artículo en diario El Universo, hubo abuso en la libertad de expresión. En cuanto abuso, ¿no se coteja con el que también proviene de autoridades del Gobierno, incluyendo al Presidente?
El tema del periodista está politizado y sirve de estímulo a los propios empresarios de la "prensa grande" del país, para atizar también sus fuegos en contra del Ejecutivo, aprovechando al máximo el caso, como lo están haciendo dentro y fuera del país, para sobredimensionar un conflicto personal elevado a tema de interés nacional por los dos sectores en pugna.
Los verdaderos adversarios del Gobierno, los representantes de organizaciones políticas y de sectores económicos que no se resignan al poder perdido en los últimos años, aparentemente están al margen de las contiendas, pues no necesitan de inmiscuirse para que el desgaste gubernamental se agrande bajo su propio peso, pero se mantienen en vigilancia latente para aprovechar del desgaste oficial saturado de intolerancia, en busca del momento preciso para su intervención.
La vialidad, obra social, de salud, defensa de la soberanía nacional, la recuperación de la Base de Manta, la democratización de los recursos públicos entre los organismos seccionales, son ejemplos de gestión positiva, en cumplimiento del mandato entregado al gobierno a través de diversos procesos electorales.
Pero los niveles de confrontación están llegando a límites peligrosos que son fácil de advertirlos por quienes están al margen de los núcleos de poder y de la oposición, con una visión sin sesgo sobre la real situación del país. Un síntoma a tomar en cuenta es la ruptura de la unidad en propios sectores afines al gobierno €“inclusive de la Asamblea Nacional- lo que puede arrastrar a situaciones que de preocupantes se transformarían en alarmantes. ¿Adónde irá al fin el país?
Por el momento dos conflictos cargados de peso político €“que no deberían tenerlo- son bombas de tiempo en creciente calentamiento: el juicio al Fiscal Washington Pesántez y la condena a un periodista por sentencia judicial que, aunque está siendo apelada y aparentemente es caso ajeno a la intervención gubernamental, son episodios de los que no está al margen el Ejecutivo.
El Fiscal tiene acusaciones €“de propios y extraños al Movimiento País del Presidente Correa- por una serie de abusos de poder, negociación de bienes institucionales bajo sospecha y beneficios burocráticos a partidarios del gobierno, familiares del Fiscal y hasta movilización de funcionarios de la Fiscalía a otros sitios de trabajo contraviniendo normas constitucionales en vigencia.
El Presidente de la República se ha pronunciado abiertamente en respaldo a la autoridad fiscal, atizando el fuego que inclusive arde entre asambleístas de su tienda política que promueven enjuiciar al funcionario. ¿Y qué de la independencia de poderes? ¿No es por fin obligación de la Asamblea fiscalizar, aunque fuese al fiscalizador?
El caso del periodista Emilio Palacio, sentenciado a prisión y multa por injurias al Presidente de la Corporación Financiera Nacional, es tema discutible que amerita análisis sin pasión: al acusar de "matón" e insinuar peculado en contra del ofendido, a través de un artículo en diario El Universo, hubo abuso en la libertad de expresión. En cuanto abuso, ¿no se coteja con el que también proviene de autoridades del Gobierno, incluyendo al Presidente?
El tema del periodista está politizado y sirve de estímulo a los propios empresarios de la "prensa grande" del país, para atizar también sus fuegos en contra del Ejecutivo, aprovechando al máximo el caso, como lo están haciendo dentro y fuera del país, para sobredimensionar un conflicto personal elevado a tema de interés nacional por los dos sectores en pugna.
Los verdaderos adversarios del Gobierno, los representantes de organizaciones políticas y de sectores económicos que no se resignan al poder perdido en los últimos años, aparentemente están al margen de las contiendas, pues no necesitan de inmiscuirse para que el desgaste gubernamental se agrande bajo su propio peso, pero se mantienen en vigilancia latente para aprovechar del desgaste oficial saturado de intolerancia, en busca del momento preciso para su intervención.