Los jueces pasamos el mayor tiempo en audiencias, lo que resta espacio para el estudio y decisión de las causas. La celeridad prevista no se materializa. Hay un déficit de 700 jueces y producida una vacante debe transcurrir mucho tiempo para definir el reemplazo, mientras los jueces acumulan su labor de otros despachos, con mayor carga procesal
El 22 de mayo del 2026 se cumplieron diez años de la vigencia del Código Orgánico General de Procesos. Entre los considerandos para la expedición de este código procesal, destaca el legislador, que la sustanciación de los procesos se debe llevar a cabo mediante el sistema oral; que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia; que las normas procesales deben coadyuvar a la cabal aplicación de los preceptos constitucionales, la estricta observancia de los términos previstos en la ley; y, que es imperioso armonizar el sistema procesal con las normas constitucionales y legales a través de un cambio sustancial.
Se implementó entonces un sistema oral por audiencias, que garantiza transparencia en las actuaciones de todos quienes intervienen en el proceso, y constituye un mecanismo eficaz de rendición de cuentas; la sociedad puede verificar la preparación de abogados, jueces, peritos en la sustentación y decisión de un caso; si la conducta procesal guarda conformidad con los principios de buena fe y lealtad procesal, y en definitiva, ser testigo de un sistema que tuvo un buen inicio porque se implementó una fase de preparación y capacitación que permitió conocer la normativa, compararla con la anterior, distinguir las nuevas instituciones, para enfrentar un cambio importante en lo procesal, de lo cual depende la materialización de los derechos garantizados en nuestro ordenamiento jurídico.
Los jueces pasamos la mayor parte del tiempo laboral diario en audiencias, lo que implica que nos queda poco tiempo para el estudio y decisión de las causas puestas en nuestro conocimiento. La celeridad prevista en el COGEP no se materializa, actualmente nuestro país tiene un déficit de 700 jueces, producida una vacante debe transcurrir mucho tiempo para que se defina el reemplazo, hasta eso, los jueces debemos hacernos cargo de otros despachos, lo que genera mayor carga procesal. Y si a estas circunstancias sumamos que el personal auxiliar también ha disminuido, que no hay concursos de méritos y oposición desde hace años, que la infraestructura está en malas condiciones por lo que no permite ejecutar el trabajo con las herramientas que se requieren, debemos concluir que no fracasa la norma que se implementó, sino las circunstancias generales que rodean y de las cuales dependen el trabajo y desempeño judicial.
Pero también, debemos evaluar nuestro trabajo, hay jueces y juezas que no resguardan los derechos de las partes procesales; priorizan la cantidad antes que la calidad en sus decisiones, no ejecutan el estudio meditado y prudente que exige las pretensiones de las partes, se siguen declarando nulidades en un número considerable en desmedro del tiempo y esfuerzo desplegado por quienes comparecen a la administración de justicia en busca de que se reparen aquellos derechos que fueron vulnerados, no existe la suficiente entereza para cumplir un rol que esté a la altura de las circunstancias y exigencias de la sociedad, el ego de sentirse dueños y dueñas de un poco de poder de decisión, no les cabe en el cuerpo y postulan por un protagonismo que soslaya y mina la credibilidad institucional.
En un sistema democrático, asumir como proyecto de vida ser juez, implica estar dispuestos a garantizar la seguridad jurídica, que las leyes se cumplan, proteger los derechos, ser un contrapeso efectivo que limite el poder y frene los abusos y el autoritarismo. El compromiso es con la justicia, la imparcialidad, la independencia, ejercer el cargo con alto sentido de responsabilidad y servicio a la sociedad, actuar con ética e integridad, leer y estudiar mucho, estar dispuestos al cambio cuando las circunstancias y al análisis de las nuevas demandas así lo exijan.
Diez años es un tiempo suficiente para evaluar el camino recorrido, son pocas las instituciones en nuestro país que organizaron eventos a efectos de propiciar un debate que permita, en lo principal, proponer reformas, aprovechar el camino recorrido al andar de jueces, abogados, peritos, personal administrativo jurisdiccional, para que esa experiencia no se desperdicie, y evitar que las reformas provengan de sectores que no tienen idea de lo que ocurre. Lastimosamente para la Academia y Colegios de Abogados siguen siendo tiempos de silencio, prefieren seguir mirando a otro lado, el de sus mezquinos intereses.
