Manifestantes de una escuela en Quito denuncian un caso de violencia sexual. En ocasiones se privilegia el prestigio de la institución educativa sobre los derechos de la víctima y la necesidad de justicia.

En la última década, se han denunciado 6438 casos de violencia sexual por docentes, autoridades escolares, otro personal escolar, conserjes y estudiantes, afectando a 7303 niñas, niños y adolescentes

NUEVA YORK (IPS) – La violencia sexual sigue siendo endémica en las instituciones educativas de Ecuador, y muchas víctimas no encuentran justicia a pesar del compromiso de las instituciones gubernamentales, señaló en un informe la organización defensora de derechos Human Rights Watch (HRW).

Katherine La Puente, coordinadora de la división de derechos del niño en HRW, afirmó que “en un contexto de creciente inseguridad, cientos de niñas, niños, y adolescentes en Ecuador siguen enfrentando violencia sexual en las escuelas. Las medidas de respuesta y prevención del gobierno ecuatoriano no están a la altura de la urgencia y magnitud del problema, y es imperativo que cumplan su compromiso de tolerancia cero contra la violencia sexual en las escuelas”, añadió.

En la última década, se han denunciado 6438 casos de violencia sexual por parte de docentes, autoridades escolares, otro personal escolar, conserjes y otros estudiantes, afectando a 7303 niñas, niños y adolescentes, según el estudio de la organización.

El gobierno debe asignar recursos adecuados a los esfuerzos de prevención y garantizar que las instituciones judiciales investiguen y procesen eficazmente todos los casos de violencia sexual en el ámbito educativo.

El informe de 65 páginas, “Como poniendo parches: Ecuador progresa lentamente al combatir y prevenir la violencia sexual en las instituciones educativas, revela importantes deficiencias en la respuesta del Estado para prevenir y combatir los abusos en el sistema educativo ecuatoriano.
Muchas instituciones educativas aún no denuncian los abusos ni implementan completamente los protocolos establecidos, destaca el reporte. Señala a las instituciones judiciales, porque “no investigan ni procesan adecuadamente los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, lo que dificulta que las y los sobrevivientes obtengan justicia”.

HRW llevó a cabo 68 entrevistas con representantes de organizaciones de la sociedad civil, abogados, activistas, expertas, defensores de los derechos de la niñez y funcionarios gubernamentales en Ecuador. Además, revisó y analizó datos sobre denuncias, investigaciones y enjuiciamientos por violencia sexual proporcionados por el Ministerio de Educación, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura.

Como resultado, estableció que la violencia sexual y de género es un problema extendido y persistente en las instituciones educativas de Ecuador, de acuerdo con las cifras correspondientes a la última década. Solo entre enero de 2020 y junio de 2024 los datos del Ministerio de Educación revelaron 2827 casos. Además, entre enero de 2014 y junio de 2024 los conductores de transporte escolar fueron denunciados como agresores en 78 casos, elevando la cifra total a 6516.

Los obstáculos para denunciar y el interés en proteger la reputación de las instituciones educativas por encima del bienestar de los niños, niñas y adolescentes, “resultan en un significativo subregistro de denuncias”, puntualizó el reporte. Agrega que grupos defensores de los derechos de la niñez en Ecuador y expertos de las Naciones Unidas han alertado sobre el impacto negativo de estos niveles de violencia en los niños, niñas y adolescentes, y en sus derechos.

En junio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de Ecuador en el caso Paola Guzmán Albarracín vs. Ecuador, el primer caso del tribunal sobre violencia sexual en el ámbito educativo. La Corte ordenó al gobierno tomar medidas específicas para prevenir, abordar y erradicar la violencia sexual en las instituciones educativas, las cuales deben incluir la mejora de la detección y denuncia de los casos, y la formación del personal educativo en abordaje y prevención. Asimismo, la provisión de orientación, asistencia y atención a las víctimas y sus familiares, además de la actualización periódica de la información estadística.

Desde 2020, Ecuador ha tomado medidas significativas para combatir la violencia sexual en las instituciones educativas y acelerar la justicia para las víctimas, como la Estrategia Nacional de Educación Integral en Sexualidad, emitida en octubre de 2023, y ha exigido su aplicación hasta 2030 en todas las instituciones educativas. Aun con ese y otros esfuerzos entre organismos, “persisten importantes lagunas en la respuesta del Estado y en su cumplimiento de las órdenes de la Corte Interamericana”, según HRW.
Los protocolos exigen al personal escolar denunciar los casos de violencia sexual, pero muchos de esos casos no se reportan. HRW encontró casos en los que se da prioridad al prestigio y la reputación de la institución educativa sobre la necesidad de proteger a las y los estudiantes, reducir los abusos y responsabilizar a los agresores. Hay una significativa escasez de personal de los departamentos de consejería estudiantil (Dece), incluidos psicólogos y orientadores educativos. Es probable que los recortes presupuestarios a las iniciativas para responder a la violencia sexual en el ámbito educativo hayan limitado su efectividad.

Por otra parte, algunos docentes y padres se han opuesto a la enseñanza de temas como la prevención del embarazo adolescente. En ocasiones, docentes e instituciones educativas omiten discusiones sobre género, orientación sexual e identidad de género, a pesar de que son clave para prevenir la violencia sexual.

HRW también se preocupa por el sistema judicial de Ecuador, incluyendo la limitada experiencia en el manejo de casos de violencia sexual y de género contra niños, niñas y adolescentes, la escasez de fiscales y la disponibilidad limitada de peritos como psicólogos, médicos e intérpretes de lenguaje de señas. Los retrasos significativos en los procedimientos judiciales a menudo hacen que las personas sobrevivientes esperen años para que se resuelvan sus casos.

Una sentencia de la Corte Constitucional en 2021 determinó que la destitución de un docente por acoso sexual a una alumna era desproporcionada en relación con su delito. Tras la sentencia, los tribunales han readmitido al menos a 23 docentes a los que el Ministerio de Educación había declarado responsables de violencia sexual.

“El Estado ecuatoriano debería reafirmar su compromiso de abordar firmemente la violencia sexual en las escuelas”, señaló La Puente. “Debe poner fin a la impunidad y a los comportamientos cómplices que someten a miles de niñas, niños, y adolescentes a abusos y socavan su derecho a estar seguros en la escuela”, concluyó.

Imagen: Gaby Giacometti / Géneros Diversos