El arzobispo de Guayaquil, monseñor Luis Cabrera Herrera, ha dado testimonio de la buena conducta de un ex alto funcionario público sometido a investigaciones judiciales, de quien dice haber constatado “una conducta íntegra e incólume, motivada y sustentada por los grandes principios éticos, como la verdad, la justicia y la transparencia en la gestión de los bienes públicos…”¿Corresponde a la autoridad religiosa inmiscuirse en un tema que se tramita en instancias civiles, con criterios capaces de influir en las decisiones de los organismos constitucionalmente competentes para ejercer con imparcialidad sus obligaciones?
El beneficiario de la generosa certificación del Prelado –quien preside la Conferencia Episcopal Ecuatoriana-, tiene derecho a su defensa, tanto más por ser un ciudadano de notable formación académica y trayectoria pública. Pero poco le respalda una certificación concedida “a petición de parte interesada” con la que el dirigente apostólico ha tomado posición frente a un caso extraño a su competencia, con un documento forzado por compromisos o presiones que no deben ser parámetros de comportamiento para esclarecer la verdad, la justicia y la transparencia a las que alude con la firma y sello de su jerarquía arzobispal.
El ex funcionario involucrado en las investigaciones es y será inocente mientras no haya una decisión legal y judicial que pruebe lo contrario, pero, a estas alturas del siglo XXI y de la civilización, no hay derecho para que una jerarquía religiosa meta mano en la Justicia, lesionando, inclusive, la dignidad de la persona a la que dispensa sus mejores intenciones.
Que el ex alto funcionario salga ileso del caso judicial en marcha sería lo mejor para él y para los ecuatorianos, con resoluciones sustentadas en rigurosos y debidos procesos, como debería operar siempre, sin influencias ni miramientos, la Justicia.
