Bandas del crimen organizado generan revueltas carcelarias y tendrían vinculación con sectores
judiciales, policiales y militares

El presidente Lasso se hizo eco de recientes decisiones de libertad concedidas presuntos reos y según el embajador de Estados Unidos en el Ecuador la Justicia está captada por bandas del narcotráfico.

En el Ecuador hay casos judiciales entrampados en confusas y contradictorias interpretaciones de jueces, abogados y organismos vinculados, que más benefician que sancionan a los sindicados en actos ilícitos, de corrupción o a los criminales más peligrosos.

Uno de los casos recientes de una serie de otros ocurridos luego, es el del ex vicepresidente Jorge Glas, que salió en libertad en noviembre, pese a varias sentencias condenatorias por asociación ilícita y corrupción. Fue liberado por decisión de algún juez cantonal del país cuando iniciaba el campeonato mundial de fútbol y el ambiente colectivo y de la opinión pública se centraba en Qatar. La Fiscalía anunció que apelaría la decisión, pero más de un mes después, el caso ya parece estar en la penumbra del olvido.

Junior Roldán y Daniel Salcedo serian beneficiarios de decisiones judiciales a pesar de sus sentencias condenatorias.

Junior Alexander Roldán Paredes (alias JR), cabecilla de la banda Los Choneros, con dos sentencias a 22 años de prisión por asesinato, vinculado a la muerte de una familia en Los Ríos e inculpado en delincuencia organizada, ingreso de artículos prohibidos a las cárceles, así como de sicariato y masacres carcelarias, recobró la libertad del Centro de Rehabilitación Nro. 4 de Guayaquil, por decisión del juez Jorge Aldas Macías, de la Unidad Especializada de Garantías Penitenciarias.

El 15 de diciembre recibió la prelibertad, en una audiencia en la que participaron directivos del centro penitenciario y del Servicio Nacional de Atención Integral de Privados de la Libertad (SNAI), quienes presentaron 299 documentos favorables para otorgar la prelibertad, según la Corte del Guayas, que justificó la liberación.

Horas después de liberado, Roldán fue recapturado en un control de armas de la Policía en Salitre, con más de treinta acompañantes a quienes se les decomisó diez vehículos de alta gama, pistolas, fusiles, subametralladoras, revólveres, granadas, lanzagranadas, celulares y dinero en efectivo. Entre los capturados están un marino en servicio activo y un militar en servicio pasivo, lo que probaría la infiltración de elementos de las fuerzas armadas y la policía en organizaciones ilícitas o de corrupción.

El legislador Fernando Villavicencio pidió al presidente de la Asamblea que se investigue al marino y al militar retirado que están entre los capturados con Roldán, quienes habrían sido condecorados por el parlamento por gestión del asambleísta Ronny Aleaga, pese a que serían “gatilleros del cartel de Sinaloa”.

El SNAI acató la prelibertad de Roldán, aduciendo ser un organismo ejecutor de las decisiones judiciales. La Fiscalía rechazó la decisión, “sobre la base de un informe errado del SNAI y con interpretación subjetiva del juzgador”.

El presidente Guillermo Lasso, horas después de la liberación de Roldán, se presentó en una cadena nacional de TV para condenar el accionar de jueces que protegen a los delincuentes y se refirió a otro caso: la liberación del delincuente altamente peligroso Luis Alfredo A., conocido como Gordo Lucho, cabecilla de Los Lobos, sospechoso de asesinar al director de la cárcel de El Inca, Santiago Loza Moscoso, a inicios de diciembre. “La paciencia de la ciudadanía se está acabando, una cosa es que sean imparciales y otra cosa es ser indiferente. Aquellos malos funcionarios que obstruyan la justicia en lugar de sostenerla, serán llevados a la corte de la opinión pública”, dijo Lasso.

El Embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Michael Fizpatrick, casi en simultáneo, declaró a los medios de comunicación que el sistema de justicia del Ecuador está captado por bandas criminales y del narcotráfico. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, dijo que invitará al diplomático estadounidense, para conversar sobre sus afirmaciones.

Daniel Salcedo, detenido cuando en 2020 era asambleísta de Alianza País, fue liberado el 7 de diciembre, pese a condenas de 13 años de prisión por peculado en la venta de fundas para cadáveres en lo más grave de la pandemia del Covid, por fraude procesal, ingreso de artículos prohibidos a la cárcel e implicado en investigaciones penales por irregular contratación con casas de salud, especialmente en el hospital de Chone, pese a la prohibición para que los legisladores realicen gestiones que no son de su incumbencia.

El juez Simón García del cantón Paján, provincia de Manabí, le otorgó la libertad aduciendo que en cinco procesos penales en su contra caducó la prisión preventiva. La Fiscalía reaccionó señalando que el juez realizó” una mala interpretación de la normativa legal vigente”. El Consejo de la Judicatura le suspendió al juez García, no por favorecer a Salcedo, sino por una falta gravísima en un proceso por inquilinato.

Fiscalía, por otra parte, ha contribuido a confundir el criterio público en torno al accionar de jueces que liberan a sindicados con prisión condenatoria: hizo un llamado a los administradores de justicia “para que apliquen la ley de forma objetiva en respeto de los derechos de las víctimas”. ¿Las víctimas son los beneficiarios de la liberación de culpa o de rebajas de las condenas impuestas?

Salcedo cayó preso cuando fugaba del país en una avioneta que se accidentó en Perú con varios implicados en denuncias de corrupción y se vio obligado a renunciar como asambleísta porque su situación afectaba al sector político que representaba.

Dentro de este capítulo de evasión de la justicia, con las debidas diferencias, estaría la ex ministra de Obras Públicas en el gobierno de Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte, quien con una sentencia de ocho años de prisión en el caso Sobornos 2012-2016, está desde agosto de 2020 en la Embajada de Argentina en Quito y gestiona asilo de ese país, que le ha negado el gobierno de Lasso, pese a que Argentina dio ultimátum al Ecuador para que se pronuncie favorablemente a la “víctima de persecución política”.

El Canciller Juan Carlos Holguín negó el salvoconducto para que Duarte fuera asilada a Argentina, en el marco del derecho internacional y tratados entre los dos países, porque está sentenciada por delitos de corrupción y tuvo garantías del debido proceso, sin que fuera perseguida política.