Asolada por conflictos bélicos, Europa asumió como una obligación primordial el orientar y normar las acciones de preservación, conservación y restauración de la herencia cultural impregnada en los espacios públicos, en los templos y palacios, en los monumentos y documentos conservados generación tras generación. Las necesidades de la sociedad moderna, las exigencias de la nueva configuración urbana, la tensión en las relaciones internacionales; sobre todo, la imposibilidad de que individualmente una comunidad o un Estado asumieran la responsabilidad sobre unos testimonios históricos universales, llevaron a formular recomendaciones y a proponer normas encaminadas a precautelar la integridad de aquellos bienes. Esta preocupación aglutinó la experiencia y el conocimiento de intelectuales, expertos, profesionales de los más diversos campos a lo largo del siglo XX. Asumida como una responsabilidad social, la preservación despertó la conciencia mundial y abrió un debate enriquecedor que no se ha agotado ni se agotará.

Desde el primer documento internacional sobre esta materia, conocido como "La Carta de Atenas" (1931), se insiste en el carácter eminentemente profesional de aquella empresa -no política, en sentido criollo-; pues se afirma que la cooperación de las naciones ha de plasmarse a través de la colaboración entre "los conservadores de los monumentos y los arquitectos con los representantes de las ciencias físicas, químicas y naturales". Se sienta además un principio de enorme actualidad: salvaguardar el entorno, el ambiente, la fisonomía urbana. Con posterioridad, la Carta de Venecia (1964) perfecciona la idea última, cuando se amplía el concepto de monumento refiriéndolo tanto a la "creación arquitectónica aislada, como al ambiente urbano paisajístico que constituye el testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa o de un conocimiento histórico". Esta noción se aplica tanto a las grandes obras como a las modestas que hayan adquirido significado cultural.

El debate se ha diversificado desde cuando la UNESCO tomó bajo su responsabilidad la protección del patrimonio. Así, la Convención de París (1972) reconoce la complementariedad entre patrimonio cultural y patrimonio natural. En el primero se incluyen: "obras del hombre y obras conjuntas del hombre y de la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, que tengan valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico". Se incluyen como patrimonio natural: "los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de estas formaciones que tengan valor desde el punto de vista estético o científico". En 1976, en la Declaración de Nairobi, se establece que la conservación de los conjuntos históricos debe ser parte de la planificación nacional, regional y local, y debe incluirse en la planificación urbana y rural, para cuyo propósito se deberá tomar en cuenta la población, la actividad económica, social y cultural, los modelos de vida, las relaciones sociales, la infraestructura urbana, la vialidad; de modo que la salvaguardia se realice "con la máxima implicación de la colectividad y de la población afectada". En documentos más recientes, se ha insistido en que la protección del patrimonio se relacione con los problemática de la humanidad: globalización, migración, estandarización impuesta por la tecnología de la comunicación, diversidad cultural. Desde la segunda mitad del siglo XX, se relaciona el patrimonio con los problemas de los centros históricos considerados como espacios físicos vivos, cargados de valores estéticos que confieren singularidad, autenticidad.

En el país, data de 1967 la Carta de Quito, que plantea la conservación del patrimonio dentro del proceso de desarrollo socioeconómico de los pueblos. Se relacionan patrimonio y turismo; se plantea "conciliar las exigencias del desarrollo urbano con la protección de los valores ambientales", y de "proteger el patrimonio monumental como medio indirecto de favorecer el desarrollo económico del país".

Hay, pues, suficientes orientaciones y experiencias internacionales, nacionales, alrededor de tan importante tema, enfocado desde la perspectiva de la responsabilidad social, como para que entre nosotros el debate se eleve y enriquezca, siempre que primen los intereses colectivos sobre los criterios personales de quienes integren transitoriamente los gobiernos nacionales o locales.