La sociedad ha expresado siempre su preocupación por el cuidado y la protección del niño y se ha exteriorizado emotivamente en cuidados prodigados durante los primeros períodos de la vida. De ahí que no sea de extrañar que ya en el año 1924, en Ginebra, se proclamaron los llamados " Derechos del Niño ", que posteriormente en 1952 la Unión Internacional de Protección de la Infancia con el apoyo de la UNICEF propusiera la idea de consagrar un " Día del niño ". En 1953 ya se celebró internacionalmente hasta que en 1954, la Asamblea de la ONU aprobó una resolución por medio de la cual se establecía el "Día Universal del Niño". El 20 de noviembre de 1959 las Naciones Unidas ponen en vigencia la Declaración de los Derechos del Niño.

Al cumplirse 49 años de esta declaración, es obligado reconocer que aún se está muy lejos de alcanzar el pleno ejercicio de esos derechos y que hasta ahora, para un porcentaje demasiado elevado de niños, no constituye más que una declaración de principios.

Las leyes escritas que disponen la protección integral de todo niño, niña o adolescente se apoyan en los Derechos del Niño, cuyo correlato en nuestro país, el Código de la Niñez y Adolescencia vigente desde julio del 2003, propone al niño no como una víctima, sino como un sujeto de derechos en desarrollo, cuya opinión debe ser escuchada y tomada en cuenta, según consta en varios de sus artículos.

Sin embargo, como toda Ley del Estado, esta resulta imposible discernirla de su carácter declarativo, tecno- burocrático y cientificista, por lo que no nos llama la atención que bajo el régimen de este Código, las denuncias por maltrato infantil siguen en ascenso, el trabajo infantil aumente en proporción geométrica, la desnutrición afecte a más del cincuenta por ciento de los niños menores de seis años, todo sumado a una serie de agresiones que vulneran aspectos tales como la educación, la seguridad y el derecho a una vida plena, sin carencias ni miedo ni abusos de por medio, entre otros. La carencia de esos derechos, sin duda, coloca a los niños en un estado de indefensión y menoscaba la capacidad de los menores para salir adelante y establecer los cambios que requiere el país. Tampoco debe llamarnos la atención que, bajo el régimen de esta ley la eficacia se haya perdido. Dicho de otra manera, no ignoramos la corrupción, sino que sabiendo que existe la desmentimos con un discurso cínico.

Que existe una infancia maltratada fuera y dentro de la familia, que se manifiesta con toda su crueldad en la negligencia, la omisión, el abuso emocional y el abuso sexual lo sabemos pero lo desmentimos.

Que en las situaciones de maltrato, la pobreza es un factor determinante o abandonarlo a su suerte a un niño es un delito que ni pobres ni ricos pueden cometer sin que la sociedad lo someta a la institución de la justicia: lo sabemos y callamos, y también lo desmentimos con frías estadísticas del miedo; que existe una infancia explotada por los valores del mercado que exhiben a los niños como objetos de consumo lo sabemos, pero callamos.

Es hora de forjar y exigir el cumplimiento de la ley, cerrar la brecha que existe entre el simple enunciado y lo legal y legítimo, donde todos los niños y adolescentes, sin exclusiones ni segregaciones, lleguen a participar y autogestionar sus destinos, y que refleje otra moral como fundamento, donde el discurso de la mentira no sea hegemónico y en donde tantas leyes y códigos no nos sumerjan en una suerte de irrealidad permanente.

Por si fuera poco, ¿alguien ya les preguntó a los niños y adolescentes qué opinan sobre las leyes que supuestamente los protegen?

Alguien ya imaginó que los niños y adolescentes tengan algún tipo de participación en las políticas públicas. Mientras tanto, la infancia, se enfrenta a un futuro lleno de espinas. Ante este panorama sombrío, no queda más que preguntarnos con vergüenza: ¿Qué futuro nacional se está construyendo?