La economía suele ser el telón de Aquiles para todo gobierno, sin importar sus loables intenciones, o la ausencia de intenciones. Una ley considerada impopular, puede hacer más daño a una administración que diez partidos de oposición.

 

Los impuestos, y las consecuencias de éstos, es decir la subida en los precios de los artículos, servicios, tarifas, etc. han constituido desde la más remota antigüedad una causa fundamental para la impopularidad de un régimen. No suele discernirse entre las supuestas buenas intenciones de los impuestos y sus efectos, y la población se muestra muy susceptible cuando de sus bolsillos, vía imposiciones, se trata de mejorar la liquidez del erario. El proyecto de reformas tributarias, concebido con seguridad mirando el modelo de alguna legislación de allende de nuestras fronteras, ha provocado los primeros síntomas de incomodidad para un régimen acostumbrado en sus primeros meses al apoyo mayoritario de la población.

El proyecto, eminentemente fiscalizante, ha resentido tanto a importadores como ciudadanos y ciudadanas de clase media, que al verse amenazados con el incremento del impuesto a la renta, empiezan a mirar al Gobierno de "Alianza País" no como una panacea para la cura de los males de la Patria, sino más bien como una amenaza. También lo municipios han puesto el grito en los cielos, puesto que el proyecto de ley amenaza a las donaciones particulares del 25 por ciento del impuesto a la renta, que permitieron principalmente a Quito y Guayaquil acometer obras de importancia, cuando menos suntuaria y de prestigio para sus respectivos alcaldes, en algunos casos.

A los impuestos, como a los venenos terapéuticos, hay que administrarlos en pequeñas dosis, caso contrario intoxican. Eso es justamente lo que el autor o los autores del polémico proyecto de reforma tributaria no han considerado, pensando quizá en una "revolución impuestista" de claro tinte fundamentalista en cuanto a exprimir los bolsillos de los ricos o no tan ricos. En realidad, el Gobierno y con él la Asamblea Constituyente de mayoría adicta a él, deberían empezar a preocuparse, y más bien modificar sustancialmente la propuesta, o archivarla, porque los vientos de la impopularidad pueden abatirse sobre ellos con unas consecuencias de pronóstico reservado a la hora de que el soberano pueblo ratifique o rechace en plebiscito la futura Constitución.

La economía suele ser el telón de Aquiles para todo gobierno, sin importar sus loables intenciones, o la ausencia de intenciones.

Una ley considerada impopular, puede hacer más daño a una administración que diez partidos de oposiciones coaligados. Avanzar despacio para lograr mejores efectos, debería ser la regla de oro para cualquier gobierno que se comprometa con los cambios. Las prisas y las posiciones que pretenden lo máximo en el menor tiempo posible, suelen a veces ser más negativas que el peor de los inmovilismos.

Quizá el Gobierno correísta esté "pagando la novatada", como se dice, y debería refrenar ciertos ímpetus, más teóricos que prácticos, de algunos elementos de su equipo, a los cuales no parece importarles lo que se denomina "la imagen" por el deseo de imponer sus visiones, en casos elaborados en aulas universitarias o sitios un tanto alejados de la realidad diaria corriente y moliente. El proyecto de reforma tributaria, sin desconocer ciertos innegables méritos que pueden tener, rebosa errores peligrosos para la estabilidad del régimen y el país todo. Las protestas pueden convertirse en desafecto sistemático a un régimen que, en materia económica, debe elegir cuidadosamente sus propuestas.