Alba Lus Mora
Casi en todas las entidades se dan el peculado, la estafa, la dilapidación y el aprovechamiento de los dineros públicos;   hay condescendencia con la ilegalidad y los negociados públicos que nos asquean.
Muy rara vez estos ilícitos son sancionados por la justicia



 No bastan las leyes ni las instituciones que se concreten a combatir ese mal tan arraigado de la corrupción,   todos los ciudadanos de los diferentes sectores sociales y tendencias políticas deberíamos preocuparnos seriamente por erradicarla y buscar sus correctivos. Si en los primeros años de nuestra república, los datos históricos y análisis de los estudiosos sostienen que hubo siempre el germen de la conducta ubicua, las trincas políticas y las alianzas de dudoso germen contra personas o entidades vigentes, hoy parecen haberse perfeccionado esas usanzas y hallado mil sofisticadas maneras para realizarlas y   quedar impunes.

Empezamos por el irrespeto a la ley y sus instituciones, que suele llevar €“muchas ocasiones- a la interpretación mañosa de las normas o de su forma de aplicación. El ejercicio de la justicia   €“que antes se miraba con esperanza y buena fe-.   hoy ha caído en el entredicho y la duda por las modalidades urdidas para alterar los procesos iniciados; la susceptibilidad al tráfico de influencias y otras formas de soborno para cambiar veredictos y pronunciamientos y no   aplicar la ley con honestidad. Las modalidades son infinitas y a ellas se suma el empleo de la tecnología moderna, que invade la independencia y privacidad de trabajo de altos funcionarios; la coima y "la calentada de mano" a los mandos medios. Es decir, signos infinitos de burla de la ley.

Hay además estilos de conducta y actitudes que deberían contrarrestarse: deslealtad, egoísmo y egolatría,   escepticismo negativista que no deja avanzar lo positivo; un mal entendido concepto de solidaridad laboral donde los jefes ocultan y defienden las negligencias subalternas sin adherirse a la sanción de la autoridad; la violación de la correspondencia y la reserva institucional; la dilación y traición como formas de adular al otro. Burlas e irrespeto a los superiores y a las autoridades contraloras.      

Casi en todas las entidades se dan el peculado, la estafa, la dilapidación y el aprovechamiento de los dineros públicos;   hay condescendencia con la ilegalidad y los negociados públicos que nos asquean. Muy rara vez estos ilícitos son sancionados por la justicia. Reina la inequidad en los sueldos que perciben los empleados públicos, las entidades autónomas, los funcionarios de los tres poderes del estado, organizaciones militares y policiales. No logramos enfrentar con decisión estas rémoras con medidas sabias y justas. Cierto que la disposición del Presidente Correa hizo una gestión plausible con 300 entidades, sin embargo las más poderosas y privilegiadas siguen intocadas y con sus sueldos "reservados".

Por eso sostenemos que debería intentarse un gran pacto social, en el que entren personas e instituciones, para individual o colectivamente combatir la corrupción, denunciarla sin dubitaciones y contrarrestarla con el ejemplo y la palabra oportuna. Y aprovechar de la nueva Carta Política para introducir normas generales relacionadas con la erradicación de esta realidad tan negativa e importante.  

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