El texto aprobado por la Asamblea Constituyente introduce cambios políticos y sociales alineados en los pronunciamientos democráticos que reclaman una nueva realidad nacional
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El Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, tiene la nueva Constitución bajo el brazo. |
Con la aprobación de la nueva Constitución de la República culminó un proceso de grandes expectativas de cambio político nacional, desde que Rafael Correa asumió la Presidencia el 15 de enero de 2007. Lo que queda es ratificarla, por referéndum.
El Ecuador ya no es el mismo. En un lapso relativamente corto se han producido hechos de significación revolucionaria, que han dejado obsoletas actitudes administrativas, políticas y ciudadanas predominantes a lo largo de la historia.
La promesa de cambio, eje de la campaña presidencial de Correa, se cumplió desde la convocatoria a la consulta sobre la Asamblea Constituyente, el día de la posesión del mando; continuó con el voto del 82% de los sufragantes el 15 de abril de 2007 y la elección de asambleístas el 30 de septiembre, cuando Acuerdo País obtuvo 80 de los 130 puestos, en una indiscutible demostración de rechazo popular al pasado lejano y reciente.
Curiosamente, accedieron a la Asamblea, junto con los que estaban por ella, representantes de sectores políticos que propugnaron el No a la consulta y luego de usar las curules y debatir los articulados, se han pronunciado otra vez por el No en el referéndum aprobatorio próximo. Queda para la historia el caso del ex candidato presidencial Álvaro Noboa (PRIAN), que se pronunció siempre contra la Asamblea, pero llegó a ser asambleísta y prefirió abandonar su curul, a presentar la declaración de sus bienes.
Simultáneamente, el país ha visto, sorprendido, pero mayoritariamente satisfecho, el derrumbe de los desprestigiados partidos políticos tradicionales, la descalificación de más de 50 diputados que intentaron boicotear la Asamblea; el enfrentamiento del Presidente con los grandes grupos de poder económico intocados y temidos, incluyendo a medios de comunicación que habían sido sus voceros, defensores y beneficiarios.
La abolición de la tercerización laboral y la explotación a los trabajadores, es otra conquista sumada a los cambios trascendentales en la gestión pública y privada y, en días recientes, la incautación de casi 200 empresas de la familia Isaías, por los atracos bancarios que perjudicaron a los usuarios de los servicios financieros y al Estado. El país vive, realmente, tiempos distintos.
La nueva Constitución, aprobada el 24 de julio, incorpora conceptos afines a la aspiración de cambio reclamada por el electorado. Es obra de la Asamblea Constituyente, pero corresponde a la filosofía, pensamiento, voluntad y tesis de la "revolución ciudadana" propuesta bajo el liderazgo del Presidente Rafael Correa.
El texto, de 444 artículos, irá a referéndum por convocatoria del Tribunal Supremo Electoral, para que el 28 de septiembre próximo el pueblo diga Sí o No a la Constitución. La campaña ha arrancado con anticipación a las fechas reglamentarias, en prueba de la intensidad y calor con el que los defensores y adversarios de la nueva Constitución apostarán al todo por el todo: el futuro del país está en juego, especialmente la suerte de los tradicionales sectores políticos y económicos cuyas prebendas podrían correr riesgo.
De todas las acciones del Presidente Correa por cumplir los objetivos de cambio, la nueva Constitución es el reto estelar. Para evitar tropiezos en el camino, no ha dudado en romper con el propio Presidente de la Asamblea Constituyente y coideario de la "revolución ciudadana", Alberto Acosta, que renunció el 23 de junio por la presión oficial para que acelerara la aprobación del articulado.
Le tocó a Fernando Cordero, Vicepresidente de la Asamblea, apurar el tratamiento del 80% del texto constitucional a partir del 25 de junio, para aprobarlo en un mes, sin pérdida de tiempo, pero con protestas de minorías asambleístas y sectores sociales y políticos por el atropellado tratamiento de los temas de su interés. Su reto €“el reto de Correa- fue terminar la "obra" en el plazo reglamentado.
El distanciamiento, cada vez más evidente y profundo, entre el Presidente Correa y Alberto Acosta, ex Presidente de la Asamblea, conlleva una creciente división de la fuerza política de mayor peso nacional del momento, Acuerdo País. Ambos tienen una imagen positiva enraizada en el ámbito nacional y surge, por ello, una interrogante de expectantes respuestas: ¿Podrán ser, en un futuro próximo, candidatos rivales en una elección presidencial? Aunque Acosta lo descarta, el tiempo, solo el tiempo, lo dirá.
