El gobierno del Presidente Rafael Correa ha dado pruebas reales de interés por resolver el déficit eléctrico nacional, para que pronto el Ecuador se libere de las costosas alternativas térmicas y, lo que es peor, de la compra del fluido a países vecinos.
En este mes se concretan las decisiones sobre cuatro grandes obras de generación eléctrica €“ Sopladora, Ocaña, Coca Coda Sinclair y Toachi Pilatón -, para que a partir de la segunda década del siglo XXI el país alcance un equilibrio entre la producción eléctrica y el abastecimiento nacional.
Para el austro del país, que con el proyecto integral Paute, Mazar, Molino, Sopladora, da el mayor aporte energético al país, es de suma trascendencia que se haya priorizado los proyectos Sopladora y Ocaña, ubicados dentro de la jurisdiccional regional. Aparte de las proyecciones específicas en el ámbito de la generación eléctrica, su ejecución dará empleo y economía a miles de familias de la región sufridas por los estragos humanos y sociales de la emigración.
Bien merece, por ello, el gobierno del Presidente Correa, el reconocimiento por esta gestión con la que, además, cumple la palabra empeñada por el candidato que recorrió en campaña las provincias australes. Así, con obras, es como ha de demostrarse la consecuencia que tanta falta hacía a los políticos tradicionales, entre lo que prometían y lo que estaban dispuestos a cumplir.
Bien por ello, para el gobierno y para el país. No obstante, preciso es que en la adjudicación de estas obras tan importantes y costosas, las decisiones sean tomadas con rigurosa aplicación de los procedimientos legales y, sobre todo, dentro de cánones de irrefutable transparencia y honorabilidad.
La construcción de la presa de Mazar €“ tan largamente reclamada y exigida- estará antes de lo previsto. Esto abona a favor del gobierno y del consorcio constructor, pero más de los miles de técnicos y obreros ecuatorianos, héroes ignorados y a veces injustamente tratados por las empresas que llevan las ganancias y utilidades. Por ello, conviene que para las etapas próximas del Proyecto Paute Integral, se investigue con rigurosidad el trato a los obreros como un requisito decisorio en futuras adjudicaciones.
El aplauso para el Gobierno por impulsar estas grandes obras de electrificación, junto con la exigencia de que en las contrataciones no haya la más mínima sospecha de dolo y corrupción, ingredientes "naturales" en la gestión de anteriores administraciones. Y que se vigile el buen trato, el respeto, la estabilidad y la dignidad de los técnicos y obreros, quienes realmente son los que ejecutan estas obras.