Por Eliécer Cárdenas
 | La UNE, las universidades lideradas por el CONESUP y un sector del movimiento indígena, agrupado en la CONAIE, deberían ser de hecho aliados naturales y hasta forzosos en el avance hacia los cambios |
| Tres factores de confrontación política y social se han conjugado últimamente para enfrentar al Gobierno de la Revolución Ciudadana, y se trata de sectores y áreas que, de manera paradójica, inicialmente compartieron e impulsaron el proceso de cambios de este régimen. Por un lado la UNE, o más bien la cúpula del magisterio ecuatoriano, de otra parte las universidades lideradas por el CONESUP, y finalmente un sector del movimiento indígena, agrupado en la CONAIE. Serían de hecho aliados naturales y hasta forzosos en el avance hacia los cambios, pero el punto de quiebre de este Gobierno pasó por su legislación, aupada en la incontrastable mayoría que posee en la Asamblea Nacional y acuerdos dentro de él que le permitieron prescindir de los representantes directos e indirectos de las tres fuerzas hoy en pugna con el Gobierno. El proyecto de ley de Educación Superior, mereció de inmediato los reparos del universitariado, en la medida que asegura un intento de control gubernamental de los centros superiores y politécnicos, en menoscabo de la tradicional autonomía universitaria, objeto de abusos en no pocos casos. La Unión de Educadores, por su parte, no admite que el Gobierno proceda a evaluar a los maestros y maestras sin su consentimiento y participación, por lo cual luego de una amplia campaña de críticas a este proceder del Ministerio de Educación, se lanzó a una huelga indefinida, ya que la gota que derramó el vaso en la pugna fue el cese del ministerio del ramo de constituir una especie de agente de retención de los descuentos al magisterio para financiar al gremio. Finalmente, el tercer actor en escena es | la CONAIE-Pachakutik, menoscabado en su potencial de convocatoria y movilización, pero que aún constituye una fuerza dentro del sector indígena de la Sierra y la amazonía. Sus agravios con el Gobierno obedecen a su alejamiento de ciertas áreas susceptibles de controlar a los sectores campesinos, y la tendencia oficial a basarse de otras organizaciones indígenas y campesinas y no de la CONAIE en sus políticas sobre el agro, la minería y el agua. El detonante del conflicto es el proyecto de Ley de Aguas, calificado por la CONAIE como "neoliberal" y "privatizador". |