Por Eugenio Lloret Orellana

Uno de los temas fundamentales en la Ley de Comunicación es la de transparentar las reglas de la relación Estado- medios generando, con ello, mayor credibilidad en ambas instituciones

El debate sobre el papel que cumplen los medios de comunicación en el país es una necesidad social indiscutible, sobre todo, respecto a los equilibrios y contrapesos que los medios han de enfrentar a partir del derecho y de la autorrregulación ética.
Y sí el debate es una demanda necesaria, legislar en materia de prensa y comunicación representa una asignatura pendiente de la Asamblea Constituyente en el marco de la Constitución, no sólo por lo urgente, sino por la responsabilidad adquirida por los asambleístas con los ciudadanos.
Por eso no es dable descalificar cualquier intento de legislar en la materia, como viene de suceder con la Ley de Comunicación y los tres proyectos para el debate mismos que deben ser reformulados tomando en cuenta el artículo 95 de la Constitución que consagra la participación ciudadana bajo los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria, cuestión que lamentablemente no está sucediendo, y que por el contrario, ha generado polémica desgastante y confrontaciones innecesarias bajo el supuesto de que se estaría poniendo en peligro la libertad de expresión o establecer una especie de " ley mordaza " como anticipan los empresarios de la prensa.
Para espantar esa desconfianza la comisión de la Asamblea ha reiterado a la opinión pública que no ha existido, ni existirá, intento alguno por coartar las libertades de expresión y de información, sino al contrario, de establecer reglas transparentes para que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar ambas libertades, junto con el derecho a la información pública. Es más ha conformado un grupo consultivo con los diferentes actores del proceso de comunicación: periodistas, académicos e investigadores, es decir, un debate en el que los ciudadanos reciban información respecto a lo que sucede realmente, no que recepten únicamente información que descalifique los intentos, sin dar oportunidad a los asambleístas de explicar el trabajo que están realizando.

Nuestra transición no ha llegado aún a los medios de comunicación y no existe transición política a la democracia si no se da una democratización de los medios, regida por dos grandes principios: por el de la responsabilidad legal de un marco jurídico acorde a las nuevas realidades, pero también a través de un esfuerzo de carácter deontológico, de autorregulación ética que establezca compromisos , deberes y obligaciones de los periodistas o de los medios con la sociedad en donde no debe confundirse la ética con el derecho, que son complementarios. En ningún país y en ninguna profesión del mundo la ética reemplaza a las normas.
Uno de los temas fundamentales en la Ley de Comunicación es la de transparentar las reglas de la relación Estado- medios generando, con ello, mayor credibilidad en ambas instituciones. El gasto público en medios de comunicación debe tener criterios claros y equitativos y provenir de recursos contenidos en partidas presupuestarias específicas sujetas a las disposiciones orientadas al control y fiscalización del gasto público.
Otro gran tema es definir, regular y sancionar a los medios por sus contenidos. En el caso de la radio y la televisión, que son los medios que más atiende la sociedad ecuatoriana, están dedicados fundamentalmente a dos asuntos: seguir siendo parte fundamental del arsenal político de los grupos empresariales y monopólicos, para que nada cambie en el país y los dueños de esta industria sigan beneficiándose y acumulando poder económico y político; y, a seguir saqueando impunemente la inteligencia nacional con programaciones aberrantes, indignas de un pueblo históricamente culto y con identidad.
El Derecho de Réplica en todos los medios, es otro tema fundamental. Está en el reclamo ciudadano a tener medios de defensa frente al abuso, la desmesura, la calumnia, la mentira, que en ocasiones incurren algunos medios.
En todo esto se ha pensado cuando se discute la nueva Ley de Comunicación. El problema real es que hay quienes no quieren asumir frente a la sociedad ninguna responsabilidad.

Deliberación polémica

Por Eugenio Lloret Orellana

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