El periodismo ecuatoriano atraviesa por momentos especiales en su relación con el oficialismo, experiencia digna de analizarse al margen de las contingencias políticas momentáneas y como oportunidad de reflexión sobre las funciones y responsabilidades de la comunicación social.
Hasta hace poco los "grandes" medios se creían dueños de la verdad y los periodistas €“con las excepciones de rigor en ambos casos- tenían la última palabra frente a las circunstancias sociales, políticas, económicas del país, de sus instituciones y sus habitantes. El famoso "cuarto poder", infalible e indiscutido, pretendía imponer las agendas públicas y disponía lo que deberían hacer los gobernantes. Aún quedan rezagos prepotentes de ciertos comunicadores cuyos espacios son tarimas de oposición a cuanto no concuerda con sus puntos de vista, que son los puntos de vista de las empresas a las que sirven, con intereses económicos contaminados de política, camuflados tras la pregonada libertad de expresión.
El Gobierno ha puesto en duda la credibilidad de los medios, aprovechando, precisamente, sus debilidades en lo profesional o en el cumplimiento de las obligaciones legales, económicas y aún cívicas con el Estado. ¿Es ético que empresas periodísticas ecuatorianas que cada día "orientan" la opinión pública evadan tributos fiscales o desvíen las utilidades a bancos extranjeros? ¿Es creíble que grandes empresas periodísticas trabajen a pérdida, siendo usufructuarias permanentes del sector público y privado? Gran parte del dinero de las millonarias campañas electorales, por citar un caso -tan repetidas en los últimos 10 años- ha ido a las cuentas corrientes nacionales y extranjeras de esos medios de comunicación.
En la agitada, inestable, convulsa realidad sufrida por el Ecuador en tiempos recientes, el papel de la comunicación social permitió advertir y ubicar los focos desde los que provenían los aires maléficos €“es parte de su misión- , pero también fue decisivo en determinadas situaciones y no es descarriado afirmar que más de un gobernante cayó, también, con sus empujones.
Este conflicto debería llevar a debatir con sinceridad el papel de la prensa en la vida nacional y establecer parámetros para orientar su función al mejoramiento profesional y el bien colectivo, aceptando siempre que nada ni nadie €“el Gobierno inclusive- puede actuar al margen de la Constitución y las leyes. Es justo, además, reconocer que hay medios que cumplen responsablemente sus obligaciones con la sociedad y el Estado, aunque oficialmente se ignore sus opiniones y se los discrimine del pautaje en la permanente promoción oficial de obras y servicios.