Por Eliécer Cárdenas

La prensa generó uno de los casos que más ha afectado la imagen del Gobierno de la Revolución Ciudadana, al poner bajo la lupa €“una lupa nada imparcial, por cierto- la serie de contratos que mantenía el hermano del Presidente de la República con varias entidades públicas. Según ha confesado Fabricio Correa, sus empresas solían concursar regularmente en las convocatorias de instituciones del Estado, y en algunos casos ganaban los concursos. Hasta allí no habría nada objetable, de no ser el vínculo familiar con Rafael Correa, que activó todas las alarmas desde que un periodista de diario Expreso   sacara a la luz las características y pormenores de esos contratos. Algo extraño, puesto que desde antes se conocía que el hermano empresario del Jefe de Estado mantenía contratos de sus empresas con el Estado, y a nadie se le ocurrió objetarlos, ni en la bancada opositora de la Comisión de Legislación y Fiscalización ni en otro ámbito público.
Esto quiere decir que el poder mediático de la prensa, de cierta prensa, más precisamente, es tal que bastan sus reportajes para que se clame contra la presunta corrupción que entrañarían dichos contratos, y se exija la nulidad de éstos, asunto juzgado, dictaminado y sancionado, no en las instancias que deberían, sino a través de los medios. De esta manera, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, etc. devendrían en entidades superfluas, y bastará que un influyente diario, un sintonizado canal de televisión o una muy escuchada radio señalen que tal o cual asunto sería ilegal, para que en efecto lo sea.
Otra cosa es, ciertamente, lo oportuno y conveniente de que un hermano del Presidente de la República mantenga contratos con el Estado, aparte de que lo haya hecho en procesos legales, dentro de concursos o  

excepciones como las emergencias. Esto no sería ético, ya que la mera vinculación contractual de un familiar tan cercano del Jefe del Estado despierta suspicacias y alude a la ética. El hermano del Presidente debió preferir no hacer contratos con el sector público mientras Rafael Correa sea Presidente de la República, con el objeto de evitarle conflictos y ahorrarle la cascada de denuncias, latiguillos, admoniciones, bastantes de ellas hipócritas, en torno a la legalidad, la ética y la ley dentro de esos contratos, que en manos de la oposición periodística se convirtieron en una suerte de oportuna y contundente venganza contra la supuesta hostilidad del Presidente con un canal de televisión. Así, de paso, se justifica la misión de la comunicación de velar por la transparencia, algo que se ejecuta sólo cuando conviene, ya que no se ve demasiada investigación en ciertos medios sobre vinculaciones parentales en contratos de alcaldías o consejos provinciales, sobre lo cual debería existir igual acuciosidad y celo que los demostrados en los contratos de Fabricio Correa.
De todo esto queda por un lado el hecho de que el hermano del Presidente de la República, aunque legalmente haya podido mediante sus empresas celebrar contratos con el sector público, no debió hacerlo, por simple precaución y para ahorrar escándalos políticos a su hermano el Presidente, y de otra parte, el poder mediático que en sociedades como la nuestra está empezando a sustituir peligrosamente a las instancias e instituciones encargadas de dictaminar la legalidad y la licitud de los actos.
Una prensa que, al no ser imparcial, cae en un verdadero totalitarismo mediático, un superpoder, en suma, fáctico en tanto responde a intereses que no coinciden con el interés público aunque hable a nombre de éste.