Por Eliécer Cárdenas

 

Eliécer Cárdenas Lo del supuesto financiamiento de las FARC a la campaña de Correa va cayendo en el folclore de las denuncias de este tipo en Latinoamérica. Para desprestigiar a un gobierno, lo mejor es endilgarle un presunto financia-miento de narcotraficantes. Ese cargo se los ha hecho, desde la oposición, a infinidad de gobernantes en México, Argentina, Colombia, Perú o Bolivia

La vida política ecuatoriana €“y cabría, casi, agregar que la de Latinoamérica- no puede vivir sin escándalos, y el último de ellos deriva de la muy oportuna, sospechosamente oportuna, denuncia del gobierno de Uribe respecto a un vídeo en el que uno de los miembros del secretariado de las FARC anuncia a sus hombres que la organización ha financiado la campaña de Correa, cuando éste accedió a la Presidencia del Ecuador. La escena del vídeo parece en sí cargada de irrealidad. El dirigente guerrillero más bien parece seguir un guión exprofesamente destinado a perjudicar al gobierno del Ecuador, con semejante confesión de parte. Un verdadero regalo, jurídicamente envuelto, para que Uribe haga el mejor uso de él.
Lo del supuesto financiamiento de las FARC a la campaña de Correa va cayendo en el folclore de las denuncias de este tipo en Latinoamérica. Para desprestigiar a un gobierno, lo mejor es endilgarle un presunto financiamiento de narcotraficantes. Ese cargo se los ha hecho, desde la oposición, naturalmente, a infinidad de gobernantes, en México, Argentina, Colombia, Perú o Bolivia. En cuanto a pruebas, éstas no suelen aparecer por ningún lado. Y no hacen falta, puesto que el objetivo de tales acusaciones es desacreditar al adversario.
Lo grave es que en este caso la acusación no provenga solamente de opositores ecuatorianos, lo cual sería hasta cierto punto lógico, dado nuestro canibalismo en materia política, sino que venga de las esferas del poder de Colombia, en un guiso que tiene olor inconfundible de las
 

"propagandas negras" forjadas por los servicios   de inteligencia. Para éstos es obvio que Rafael Correa y su gobierno son enemigos, ya que han impedido que el Plan Colombia se convierta en realidad más allá de la frontera sur, esto es convertir al Ecuador en teatro de guerra dentro de la lucha gobierno colombiano-irregulares de izquierda, aclarando que hay otros irregulares, los de la derecha, o paramilitares, que en cambio gozan de un status que su condición de confesos terroristas no amerita de parte de las autoridades colombianas.
Para Uribe y su círculo gobernante, el objetivo del nuevo show de inculpaciones resulta claro: contribuir a que la oposición más retrógrada y recalcitrante del Ecuador se provea de buen combustible para desprestigiar y desgastar al régimen de Correa, y en el plano internacional, seguir desacreditándolo a través de los canales habituales y complacientes con las versiones colombianas. Toda esta tramoya, sin embargo, hubiera podido evitarse, o cuando menos ser prontamente desactivada, si ciertos ex funcionarios del Gobierno de Correa hubieran sido menos herméticos en confesar sus contactos con determinados miembros de las FARC, en el sentido de acciones extraoficiales y no ordenadas por el Presidente. Este doble discurso de ciertos ex miembros del Gobierno perjudicó su imagen, volviéndolo blanco de la campaña de desprestigio de Uribe y sus servicios de inteligencia, verdaderos maestros en forjar y deformar imágenes, como se ha visto a lo largo de su cometido respecto al Ecuador y su gobierno.

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