Hay signos evidentes de regresión en nuestra democracia, se mina y se quiere vaciar de contenido a principios básicos de la institucionalidad, asistimos a la utilización de funcionarios públicos como herramientas para que los que ostentan el poder consigan los fines que persiguen, a toda costa y sin disimulo, lo que implica fallar como sociedad
Los ecuatorianos declaramos en nuestra Constitución que asumimos un compromiso con el presente y el futuro, decidimos construir una sociedad que respeta en todas sus dimensiones la dignidad de las personas. Es responsabilidad del Estado, respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, y como ciudadanos, asumimos el deber de respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. Es hora, frente a la serie de acontecimientos que están sucediendo en nuestro país, de preguntarnos, si estamos cumpliendo nuestros deberes ciudadanos, si ejercemos nuestra responsabilidad o la abandonamos para continuar siendo espectadores y convencernos de que las vulneraciones a los derechos nunca nos afectarán. La historia lo ha demostrado, ahí, en ese momento, será demasiado tarde, los que quedan seguirán guardando silencio, como lo hicieron antes los que prefirieron callar frente a los actos de concentración de poder que van en escalada.
La historia visibiliza que los derechos son fruto de las luchas sociales en las que han quedado muchas vidas como testigos de su reconocimiento y desarrollo, y que, si no vigilamos y cuidamos, pueden desaparecer. Hay signos evidentes de regresión en nuestra democracia, se mina y se quiere vaciar de contenido a principios básicos de la institucionalidad, asistimos a la utilización de funcionarios públicos como herramientas para que los que ostentan el poder consigan los fines que persiguen, a toda costa y sin disimulo, lo que implica, fallar como sociedad. Cuál es entonces el umbral que nos pueda hacer ver qué es lo aceptable, hasta dónde estamos dispuestos a perder mínimas dosis de empatía, hasta cuándo somos indiferentes frente a tanta muerte, desaparición y rompimiento de toda regla que permita asegurar mínimos de existencia de una sociedad democrática, humanista y altiva frente a los excesos de poder.
Josué, Ismael, Nehemías y Steven, el 8 de diciembre del 2024, en Guayaquil, en una cancha cerca de las Malvinas, terminaron de disfrutar su juego favorito, el fútbol; agentes del Estado, miembros de dos patrullas militares los aprehenden, cuando regresan al cuartel militar, no lo hacen con los adolescentes y el niño aprehendido. Los padres empiezan la búsqueda de sus hijos, a las 22h40 reciben una llamada que proporciona información sobre el posible paradero; el 09 de diciembre, presentan una denuncia en Fiscalía, se inicia la investigación previa por el presunto delito de secuestro. Dos días después, la Policía tenía información sobre la aprehensión de los niños por parte del personal militar, así como el nombre de los miembros de las patrullas militares que habrían participado en ella, todo el país fue testigo de la filmación que se hizo pública, se los subió a una camioneta militar con personal militar.
El 19 de diciembre presentan una acción de hábeas corpus, hasta la audiencia pública que se realizó el 24 de diciembre, se desconocía el paradero del niño y los adolescentes. El 20 de diciembre se presenta un informe, el personal de la patrulla militar no indicó ni dio parte de los nombres de los ciudadanos aprehendidos, ni a qué agente de policía o autoridad competente los entregó, como era su obligación. El 31 de diciembre de 2024, Fiscalía formuló cargos a 16 personas por el presunto delito de desaparición forzada y se confirmó la muerte de los tres adolescentes y del niño. Sus restos fueron hallados con signos de incineración y violencia. El 22 de diciembre de 2025, un Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil dictó una sentencia condenatoria en contra de 16 militares procesados. El 05 de marzo del 2026 la Corte Constitucional emitió la sentencia que reconoce que Josué, Ismael, Steven y Nehemías fueron víctimas de desaparición forzada. Los jueces que han conocido estos hechos en materia constitucional (excepto el voto de mayoría de la segunda instancia), y en materia penal, han estado a la altura de las circunstancias que un Estado de derecho exige y demanda.
Es nuestro deber conservar viva la memoria de las víctimas, ojalá despierte la conciencia pública para evitar que hechos tan graves sigan sucediendo. Difundir lo ocurrido, es posibilitar la construcción de una democracia basada en la verdad, la justicia y la dignidad humana.