Está en el ojo del huracán político programado para evitar una gestión efectiva contra la corrupción que ha cundido en el Ecuador. Es de las autoridades de más credibilidad, pero está perseguida por quienes buscan cinco pies al gato o disparan contra las escopetas

La cabeza de la Fiscal Diana Salazar está en la mira de los implicados en corrupción y delincuencia que buscan impunidad a través de la revisión de sentencias por las que fueron condenados.

La acusación del plagio de una tesis universitaria es el pretexto para descalificarla y deshacerse de un personaje con una posición intolerante contra culpables en hechos de deshonestidad en la administración de bienes y recursos públicos. De la Universidad Central, donde estudió y se graduó en 2006, se espera el informe sobre la originalidad o no de la tesis, para sustentar su inocencia o culpabilidad.

Diferentes situaciones confusas se mezclan en el litigio entre la autoridad de la Fiscalía y los interesados en deshacerse de ella. Los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura Juan José Morillo y Maribel Barreno, el juez Gustavo Osejo y el presidente de la Corte de Justicia de Pichincha Vladimir Jhayya, son acusados de tráfico de influencias por la Fiscal que presentó elementos de convicción en su contra por presionar a los jueces para beneficiar con una acción de protección a la asambleísta Guadalupe Llori, que buscaba revertir la destitución de la que fue objeto el 22 de noviembre de 2022, como presidenta de la Asamblea Nacional.

Los testimonios en defensa de la Fiscal frente al interés por ponerla al costado, con el argumento traído del supuesto plagio, se sustentan en un audio grabado de la reunión de los implicados el 2 de junio de 2022, por más de una hora, en el edificio Almagro Plaza, material presentado por una vocal del Consejo de la Judicatura, por su seguridad, como testimonio de la cita a la que concurrió por orden superior, judicialmente legalizado.

Salazar leyó la versión transcrita de la grabación durante la sesión de formulación de cargos en contra de los implicados, al término de la cual la Corte Nacional de Justicia prohibió que salieran del país y que se presenten semanalmente ante autoridad competente. La Fiscal había pedido que se los diera prisión, pero no tuvo acogida.

En el tramado contra la Fiscal, el Consejo de la Judicatura la citó para que respondiera sobre la acusación de plagio, haciendo constar la posibilidad de suspenderla por tres meses. La convocatoria se hizo basada en el discutido informe de un funcionario jurídico de la judicatura. La Fiscal no concurrió a la citación, pues ella solamente podía rendir cuentas ante la Asamblea Nacional que, el 17 de mayo, fue disuelta por la muerte cruzada. Si la sancionaban, manifestó que la medida sería nula y los enjuiciaría por arrogarse funciones que no las tiene el Consejo de la Judicatura.

El presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, respaldó a la Fiscal frente al intento de destituirla por decisión de un organismo que no tiene atribuciones para asumir esa decisión. Según expresó, el afán de quitarse del camino a la Fiscal, provenía de personas sobre las que pesan delitos de corrupción organizada que pretenden la revisión de juicios y sentencias ejecutoriadas y ratificadas en todas la instancias.

El audio de la reunión, en un local privado, da cuenta de la negociación de los participantes a través de gestiones ante diversos jueces y funcionarios del sector judicial, para que se revertiera la destitución de Guadalupe Llori y pudiera retomar la presidencia de la Asamblea Legislativa; se analizan detalles sobre las consecuencias y temores de repercusiones en el orden jurídico, como había ocurrido en el caso Yunda, destituido de la alcaldía de Quito, cuando a mediados de 2021 la jueza María Belén Domínguez otorgó una acción de protección para que volviera a la alcaldía, pero después la Corte Constitucional revisó el fallo y la jueza está llamada a juicio por tráfico de influencias. “Para evitar ese problema, se recomendó una nueva acción de protección en contra de la sesión de la Asamblea en la que se destituyó a Llori, ya que esa decisión se tomó pese a que había una medida cautelar vigente”, dice la grabación.

El Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación acusan a la Fiscal de un supuesto plagio.

En un segmento de la grabación constan consideraciones políticas: “Hay ciertos asambleístas que están manejando ese tema”, dijo Barreno. Y Jhayya dijo que la ventaja que tenían es que UNES, la bancada correísta, tenía un máximo de 81 votos y no les alcanzaba para tener una mayoría calificada. Entonces, Morillo dijo que Xavier Muñoz, otro vocal de la Judicatura, estaba operando para conseguir 15 votos más para esa mayoría correísta. Está repartiendo cargos como notarías, como jueces, están viendo que va a haber un concurso de Corte Nacional y qu él les va a poder dar espacio a la gente”.

La versión de audio alude a llamados y conversaciones con el presidente Guillermo Lasso y con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, pero tanto el gobierno como la autoridad judicial negaron su intervención, apuntando que se han tomado sus nombres en forma arbitraria.

La acusación de plagio en contra de la Fiscal, sería de interés de un colectivo ciudadano cuyas cabezas más visibles son Priscila Schettin y el abogado defensor de su esposo Freddy Carrión, ex Defensor del Pueblo, que está en prisión en un proceso por abuso sexual, caso en el que Fiscalía presentó pruebas que demostraban su culpabilidad.

La campaña en contra de la Fiscal formaría parte de una trama para lograr el cometido de deshacerse de la funcionaria, que tiene una posición recalcitrante de combate a la corrupción y de sanción a los culpables, pues constituye un obstáculo para que siga adelante un proceso destinado a la impunidad, cerrando el paso a los corruptos que han causado perjuicios graves al país.