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Panorámica del Centro de Rehabilitación Social que funciona detrás de la parroquia Turi.

El miedo cunde en las cárceles del Ecuador, círculo vicioso de crímenes sobre crímenes, tráfico de drogas, violencia y venganzas asesinas. El Centro de Rehabilitación Social de Turi es escenario de hechos terroríficos convertidos en indolente rutina

 

El 20 de febrero seis presos salieron en libertad, pero dentro de ataúdes. Los guardias –ahora se los llama agentes de seguridad- se percataron de que los cuerpos de esos PPL (personas privadas de libertad, otro eufemismo) colgaban por el cuello de literas en tres celdas de los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad. Los reos son ubicados según la cuantía de su prontuario delictivo.

Era jueves, Jueves de Compadres, fecha de importancia festiva tradicional que antecede al Carnaval. A la escalofriante noticia le amortiguó la euforia impostergable de la temporada, pero los refuerzos y ajetreos policiales, el chillido de las ambulancias y los trámites forenses y funerarios, enloquecían a los familiares que vía celulares hicieron multitud ante los barrotes inexpugnables, ansiosos por saber si un ser querido estaba en la lista de cadáveres.

Darío Macías, de El Oro, sentenciado por asesinato; Pedro Neira Cabrera, del cantón Ponce Enríquez, por robo agravado; Adilson Loor Bermúdez, de Santo Domingo, por asesinato; Jhonatan Cagua Vera y Stalin Gregorio Zambrano, ambos del Guayas, son los fallecidos, más Carlos C., cuya identificación completa no se ha dado, conociéndose que estaba condenado por violación.

Dudas, sospechas, presunciones, ha dejado este episodio carcelario. Sobre todo, interrogantes. ¿Se pusieron de acuerdo para un suicidio colectivo, el mismo día y a la misma hora, en distintos espacios del Centro de Rehabilitación?
¿Cómo es posible que ninguno de los compañeros de la celda que compartían, entre cinco y seis ocupantes, haya estado presente al momento de la muerte, sea por suicidio o asesinato?

Los familiares de los fallecidos tienen la convicción de que no pudo ser un suicidio colectivo, sino asesinatos cometidos con prolija planificación, calculando los detalles mínimos, como el momento preciso en que las víctimas podrían ser llevadas a las celdas con engaño o por la fuerza, acaso por sus compañeros de celda o de otras distintas.

En el último año hubo amotinamientos y protestas de los presos del país, a veces con saldos mortales. Pero esta ocasión las autoridades del centro de Turi no percibieron un movimiento anormal ni tuvieron sospechas de que ocurriera un acontecimiento trágico de semejantes proporciones. Esto mostraría que entre los privados de la libertad opera una organización secreta liderada por PPLs con autoridad sustentada en extremas amenazas contra rivales de una trama delincuencial dirigida desde la penitenciaría y en la que acaso podrían implicarse personas vinculadas laboralmente a la institución: pocas semanas antes a una mujer policía le sorprendieron introduciendo decenas de chips de teléfonos celulares al centro penitenciario.

En requisas sorpresivas, frecuentes, se decomisan teléfonos celulares, cuchillos y herramientas de uso prohibido en las celdas de los prisioneros. ¿Cómo ingresan, quiénes facilitan que estos objetos lleguen a manos de los PPLs? Además, técnicamente es posible inhibir el funcionamiento de las señales de telefonía celular al interior del Centro. ¿Por qué no se lo hace?

En un amotinamiento de hace pocos meses, los PPLs destruyeron más de cien cámaras de video instaladas en sitios apropiados para vigilar sus movimientos. Se conoce que hasta ahora no han sido repuestos estos instrumentos de control en su mayor parte, por razones económicas. ¿No estaban asegurados esos equipos, como debería procederse obligatoriamente, en cumplimiento de normas legales en vigencia?

El hecho de que crímenes extremadamente graves ocurran en el Centro de Rehabilitación Social de Turi, evidencia que hay fallas en el funcionamiento, el control de la seguridad, en la capacitación del personal responsable de la operación de un establecimiento de naturaleza tan especial destinado a mantener bajo control a los infractores de la convivencia social, de la vida y el respeto entre los seres humanos, que por diversos motivos han de ser recluidos y rehabilitados.

 

UNA FORTALEZA, PERO…

El edificio del Centro de Rehabilitación Social de Turi funciona desde 2015 en un local construido técnica y estructuralmente para este fin. Está en la parroquia Turi, sobre 13,7 hectáreas, de las cuales 6,3 son de construcción y 7,4 de amortiguamiento.

El 17 de diciembre de 2012 se lo contrató con el Consorcio Turi, de Felipe Andrade Ambrosi, por 27´004.353,65 dólares y 420 días de plazo, que terminó el 10 de febrero de 2014. Pero en enero de ese año hubo una primera ampliación del costo, por 7´332.087,06 dólares y 168 días adicionales y, el 14 de julio de 2014, una segunda ampliación por 1´597.897,49 dólares y 131 días más de plazo. El valor total llegó a 38´547.499,88 dólares, incluida la vía de acceso de 5,3 kilómetros, las instalaciones hidrosanitarias y las eléctricas. Un promedio de 600 obreros participó en la construcción, en 29 frentes. Solamente el movimiento de tierras costó dos millones de dólares.

Según lo determinado en la contratación, su capacidad estaba fijada para 2.740 presos varones y para 352 mujeres, en espacios completamente separados. Autoridades del local penitenciario y el Gobernador del Azuay se han referido recientemente, cada cual por su lado, a la población carcelaria actual, con cifras diferentes a las previstas, pero negando que hubiera sobrepoblación.

También se dijo al tiempo en que se construía el local, que en el Centro de Rehabilitación de Turi se alojarían solamente presos con sentencia, pues los que aún no tuviesen esa condición, estarían en prisiones de Azogues y Cañar. Y eso no ocurre.

Desde que funciona este local, en Cuenca se reúnen delincuentes de los más peligrosos del país y extranjeros, más amigos, familiares y cómplices que tendrían montada una red criminal dirigida desde este Centro, fortaleza en la que habitan, operan y mandan elementos que ya nada tienen que perder, ni la dignidad, ni la esperanza, sin Dios ni Ley. El Gobernador se ha referido al caso reciente de los seis muertos simultáneos, para decir que estos eventos ocurren en todo el mundo. Y es posible que aún no ocurra lo peor…

El nombre del establecimiento y el rótulo de bienvenida al barrio, cien metros delante del edificio, ironías ante la tremenda realidad penitenciaria.

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