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Por: Ángel Pacífico Guerra

Los sanguinarios narcotraficantes adueñados de la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, para la producción de cocaína, han puesto su mira criminal en nuestro país: la Isla de Paz se ha convertido en el ojo del huracán. El asesinato de dos periodistas y un chofer del capitalino diario El Comercio –más el secuestro de una pareja de compatriotas-, ha desviado la atención que estuvo clavada en los temas relacionados con la corrupción. No faltaba más: todos se han olvidado de Capaya y sus compinches detenidos y prófugos. También del cabecilla de la asociación ilícita que guarda prisión en la Cárcel Nro. 4 de Quito, el señor Glas.


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Gradualmente, todo el mundo ha ido olvidándose de Odebrecht y sus enredos corruptos nacionales e internacionales. No puede ser: es preciso que las investigaciones prosigan y, sobre todo, es preciso que los periodistas y los medios de comunicación, obligados por las circunstancias a priorizar el tema narcotraficante, retomen el seguimiento de lo que quedó pendiente. No conviene caer en el tradicional juego noticioso de suplir un escándalo por otro escándalo que deja terminado el anterior.


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La corrupción no tiene límites. Sus proyecciones son infinitas. Una empresa municipal de Quito ha sido noticia especial sobre la materia, con el descubrimiento de la red de coimados para tramitar permisos de funcionamiento de miles de taxis y buses de la capital del país. Las ganancias logradas por el chantaje, el robo y la sinvergüencería sumarían decenas de millones de dólares. Ojalá las investigaciones no queden a mitad de camino y que los medios de comunicación hagan el seguimiento del caso para evitar que vaya al archivo de los olvidos…


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A propósito de olvidos, vale recordar el caso de las 18 toneladas de medicamentos caducados que decomisaron las autoridades de control sanitario hace cerca de un año, en las cercanías de Cuenca. Los propietarios fueron declarados inocentes, pero luego la autoridad judicial que los sobreseyó fue sancionada. El caso se reactivó a finales de enero, cuando un tribunal anuló el sobreseimiento y anunció el reinicio del proceso jurídico desde cero.


Un caso que amerita ser motivo de seguimiento y vigilancia periodística, lamentablemente minimizado a cortos e insustanciales notas informativas.

La suerte del Fiscal Carlos Baca quedó el 26 de abril a voluntad y decisión de los miembros de la Asamblea Nacional.

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