Por Eliécer Cárdenas
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Difícilmente el Consejo Nacional Electoral revisará su decisión, formalmente válida, pero que pudo ser diferente a la luz de la ubicación política de las agrupaciones hoy eliminadas, todas ellas en la oposición
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Cuatro agrupaciones políticas fueron borradas del mapa de las organizaciones reconocidas por el Consejo Nacional Electoral, por no haber obtenido el mínimo porcentaje para su supervivencia del cuatro por ciento en dos procesos electorales consecutivos. Esas formaciones políticas son el Movimiento Popular Democrático, MPD; el PRIAN, del magnate Álvaro Noboa, fundado y financiado por él; el PRE, Partido Roldosista Ecuatoriano, que otrora llevó al poder a Abdalá Bucaram su fundador, y la relativamente nueva agrupación “Ruptura”. Estas formaciones políticas han apelado la decisión del CNE.
El Movimiento Popular Democrático, en trance de desaparecer para los efectos legales, nació con el denominado retorno a la democracia en los setentas del siglo pasado, y núcleo a sectores de izquierda radical entonces identificadas con el Maoísmo, y que por décadas mantuvo arraigo en universidades públicas, estudiantes secundarios y el magisterio, más algunos sindicatos y centrales obreras. Esta agrupación ha sufrido la estigmatización oficial, acusada de “tira piedras” y supuestamente opositora permanente a los logros de la “Revolución Ciudadana”. Sus bases magisterial y estudiantil fueron erosionadas previamente, por lo que su capacidad de movilización como respuesta a su eliminación jurídica es escasa.
Los casos de la desaparición legal del PRIAN y PRE, constituyen la lógica consecuencia de agrupaciones de corte caudillista y accionar populista, que tuvieron éxito en determinada coyuntura y que, al perder popularidad el líder, en consecuencia mermaron en el caudal electoral que los alimentó en pasadas épocas.
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La reacción a su eliminación corre ahora como respuesta exclusivamente a sus líderes, con nula resonancia en la ciudadanía.
“Ruptura” por su parte, es (o fue, en términos legales), una agrupación de propuestas eminentemente post-modernas, como el derecho al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, etc. sin sintonía con el pensamiento más bien tradicional, en estos temas, de las mayorías ecuatorianas, y además el Gobierno se desmarcó tajantemente de esas demandas no precisamente populares. Ello dio como consecuencia la ruptura, valga el término, de “Ruptura” con el Gobierno del que fue estrecho aliado durante el primer Correísmo, más izquierdista y de propuestas menos convencionales.
Difícilmente el Consejo Nacional Electoral revisará su decisión, formalmente válida, pero que pudo ser diferente a la luz de la ubicación política de las agrupaciones hoy eliminadas, todas ellas en la oposición. Cabe preguntarse si la decisión del Consejo Nacional Electoral hubiera sido jurídicamente más flexible con aquel cuatro por ciento de los votos en dos elecciones consecutivas, que admite de hecho varias interpretaciones, sin salirse por supuesto del marco legal. Por esta razón, para las agrupaciones que desaparecen del mapa se trataría simplemente de una “ejecución” más que por motivos estrictamente de cuocientes electorales, de objetivos políticos, a fin de cumplir designios gubernamentales de limpeza del ya no hoy tan frondoso abanico de agrupaciones partidistas legalmente reconocidas, con el agravante de que ahora se exige a las agrupaciones que desaparecen devolver el dinero que les correspondió en cuanto eran legalmente reconocidas.
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